La Procuraduría General de la Nación indicó que le corresponde a las autoridades electorales y territoriales hacer pedagogía y promoción de la consulta anticorrupción.

Dijo el jefe del Ministerio Público que se deben implementar las acciones necesarias tendientes a informar y difundir ampliamente a la ciudadanía sobre el mecanismo de la consulta popular para que libremente decidan si participan en la consulta anticorrupción y si aprueban o niegan las preguntas.

A través de la Directiva 012 el procurador Fernando Carrillo señaló que son las autoridades encargadas de realizar tanto la pedagogía, como la promoción de la participación ciudadana en el nivel nacional, departamental, municipal y distrital para garantizar a los ciudadanos la información necesaria con el fin de hacer efectivo el derecho a decidir libremente sobre las diferentes opciones que plantea la consulta popular.

El Procurador invitó a las autoridades electorales, en particular a la Registraduría, a que implemente las acciones necesarias para que los ciudadanos conozcan el mecanismo, la fecha de votación, la logística, los procesos, incluida la tarjeta, y los porcentajes necesarios para la aprobación.

Así mismo, instó a las administraciones nacional, departamental, municipal y distrital para que, a través de los medios con los que dispongan, promuevan la participación en la consulta, su contenido, trámite y procedimiento de votaciones.

Carrillo Flórez le recordó a la organización electoral y a la autoridad de televisión la obligación de garantizar el derecho a las campañas de la consulta a la utilización de espacios institucionales.

Finalmente resaltó el deber que tienen las autoridades encargadas de la pedagogía de la consulta o la promoción del derecho a la participación ciudadana, de mantener la imparcialidad y garantizar el derecho de los ciudadanos de acudir a las urnas.

 Servidores en campaña

El Procurador General señaló que “los servidores públicos no pertenecientes a la Rama Judicial, órganos electorales y de control, de seguridad y Fuerza Pública, que deseen hacer campaña, les está permitido debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente a la “Consulta Popular Anticorrupción”, las que podrán realizarse siempre y cuando no se afecte la adecuada prestación de la función pública encomendada”.

Procuradores regionales y provinciales, personeros distritales y municipales realizarán una vigilancia preventiva sobre el proceso electoral en cuanto a las disposiciones que regulan la participación en la consulta. 

Votación discapacitados

Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación recomendó a funcionarios de la Registraduria Nacional, jurados de votación y demás servidores adoptar y poner en marcha las medidas que garanticen a los ciudadanos con discapacidad su participación en la consulta facilitando el acceso a los puestos de votación, disponibilidad de tarjetas braille, cubículos adicionales y acompañante para votar.

La capacitación a los jurados deberá incluir videos de sensibilización sobre las garantías del derecho al voto de las personas con discapacidad. Las mesas donde se agote la tarjeta braille deberán buscar unas nuevas en el mismo puesto de votación y dar la alerta a la autoridad correspondiente.

La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías verificarán que las autoridades garanticen plenamente el derecho al voto de las personas con discapacidad.

La Procuraduría General exhortó a los directores de instituciones educativas que colaboren con las autoridades electorales disponer espacios que estén bajo techo, de fácil acceso y con suficientes mesas y asientos para ser usados en la jornada.

El órgano de control con procuradores territoriales vigilará que gobernadores y alcaldes brinden el soporte que requiera la organización electoral en materia de logística, para el buen desarrollo de las votaciones del próximo 26 de agosto.