Gilberto Zaraza Arcila

La izquierda llegó al poder ejecutivo con la promesa de cambio, de transparencia y con el compromiso de acabar con la politiquería, el clientelismo, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, sus ejecutorias demuestran lo contrario. Con los escándalos que se vienen destapando se está repitiendo la historia de la Alcaldía de Bogotá de Samuel Moreno del Polo Democrático, con el carrusel de la contratación, que denunció Gustavo Petro. 

Es inaceptable e injustificable el entramado de corrupción en la UNGRD con la compra de carrotanques con un sobreprecio del 100% y con el pago de sobornos de miles de millones de pesos al presidente de senado y cámara y a varios congresistas más, al parecer ordenados por el gobierno para lograr la aprobación de las reformas y en el que aparecen vinculados el ministro del interior, la Consejera Presidencial para las Regiones, el Secretario de Transparencia de la Presidencia, el director y los subdirectores de la UNGRD.

También, el escándalo de las ollas comunitarias por $61.000 millones para enfrentar el hambre y la desnutrición en la Guajira, en el que el presidente reconoció que el programa no está funcionando y que el dinero se lo están robando. Donde los beneficiarios son los senadores Martha Peralta y Carlos Andrés Trujillo.

La contratación a dedo en la Fiduprevisora a los mismos operadores a los que les fue entregada la contratación en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales con el mismo director Mauricio Marín. El saqueo y la entrega de bienes de la SAE a políticos y narcotraficantes, a cambio de coimas, en las que está involucrado el hermano del presidente.

La turbia licitación de los pasaportes en la Cancillería que llevó a la Procuraduría a suspender por 6 meses del Ministro de Relaciones Exteriores. La desaparición y venta de armas a grupos ilegales en el Ejército. Las denuncias sobre vínculos de altos oficiales de la policía con organizaciones de narcotraficantes. Las investigaciones por la financiación ilícita de la campaña y la violación de los topes electorales, etc.

Ese es el resultado de traicionar las promesas de campaña, al entregar la burocracia y la contratación a los corruptos congresistas de los partidos tradicionales. Y al nombrar incompetentes y deshonestos, a cambio de la aprobación de reformas. Tiene viviendo sabroso a los corruptos y a los enemigos que votaron en su contra y le hacen oposición. El gobierno está promoviendo el clientelismo que se comprometió a combatir. Por eso perdió las elecciones regionales y perderá las próximas parlamentarias y presidenciales.  

Es decepcionante para los colombianos que votaron por las promesas de cambio, por un nuevo país, ver más de lo mismo, que todo sigue igual, que el todo vale. El atenuante a tan graves denuncias, es ver al presidente dando la cara, reconociendo sus errores al nombrar corruptos, separando a los denunciados de sus cargos y exigiendo que la justicia actúe sobre ellos. En gobiernos anteriores los defendían y gozaban de impunidad. El presidente está en la obligación de cortar relaciones con todos los corruptos (Benedetti, Barreras, Prada. Lizcano, etc.) 

La corrupción es el mayor problema que afronta el país desde su independencia, cuando el libertador Simón Bolívar tuvo que implantar hace 200 años la pena de muerte. Es la causa del atraso y el subdesarrollo.  Cada vez es más creciente. Se convirtió en un cáncer terminal que invadió todas las esferas del Estado. Esto debido a que las leyes son garantistas, hechas a la medida de los delincuentes, con fueros, exceso de recursos, rebajas y descuentos. Como si fuera poco la justicia tiene precio, jueces, fiscales y magistrados se venden al mejor postor. Permiten las maniobras dilatorias de los abogados y el vencimiento de términos.  Por eso el delito si paga.

La única forma para erradicar la corrupción es a través de penas ejemplarizantes, como la cadena perpetua, la extinción de dominio del 100% de los bienes ilícitos y la pena de muerte como lo hicieron en Singapur, Filipinas y Vietnam. Ante el estado de postración moral es urgente volverla a implantar. Pero no será en el gobierno del cambio, porque va en contravía. Quiere hacer aprobar una reforma a la justicia más complaciente con los delincuentes, denominada justicia restaurativa en la que a cambio de la reparación integral a la víctima haya extinción de la acción penal. O la ley de paz total o de punto final donde con solo decir la verdad obtendrá perdón total e impunidad.

Como la Contraloría General de la Republica el gobierno se la entregó a los corruptos y van a reelegir a Carlos Hernán Rodríguez que entregó las gerencias regionales a los congresistas para que no fiscalicen a sus alcaldes y gobernadores, no hay control fiscal. El gobierno tiene la obligación de traer la prometida Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU, que tan excelentes resultados arrojó en Guatemala. Y adicionalmente, contratar una auditoria forense internacional a todas las entidades el Estado.

La gobernabilidad no puede ser obtenida a través del delito, del cohecho, el soborno. El gobierno tiene la obligación de tener manos limpias y respetar los recursos públicos que son sagrados.

Finalmente, la plenaria del Congreso debe exigir la renuncia de los presidentes del senado y cámara. Si el gobierno tuviera autoridad moral debería cerrarlo, porque es el mayor foco de la corrupción. Y convocar a nuevas elecciones.