Émerson Castaño

A Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo (alcalde del municipio de Montenegro), nada le ha salido bien en lo que va de su periodo. Su gobierno ha estado caracterizado por desaciertos administrativos que ha estancado severamente el progreso de su municipio. No por las razones que a continuación haré referencia, sino francamente por la suma de hechos que lo evalúan negativamente.

Otro antagonista de Daniel por fin salió a la luz. Ya sabemos su nombre. Y Salió del closet porque no aguantó el hecho de que el mandatario local hubiese aprovechado arbitrariamente de su investidura para realizar ilegalidades, en especial, en lo referente al servicio del alumbrado público.

Seguramente otros, incluyendo el suscrito, le habíamos advertido a Daniel de las irregularidades cometidas a la hora de prorrogar la concesión de alumbrado público a favor de sus amigotes del Valle. También ello demuestra que los incautos ciudadanos eligieron un tipo mediocre, torpe, testarudo y disoluto que no midió las consecuencias que terminaran siendo adversas para él. E incluso, por dejarse llevar por cantos de sirena, terminará seriamente enredado en lo disciplinario y penal.

Ahora su antagonista mayor, la gobernación del Quindío, no tuvo ninguna consideración al respecto, y le ha pedido al Tribunal Administrativo del Quindío anular el acuerdo (No 021) de 23 de diciembre de 2022.

Apuntado acuerdo compromete vigencias futuras excepcionales, con el fin de garantizar la prestación del servicio de alumbrado público hasta el año 2032.

Quizás la gobernación decidió llevar adelante el proceso contra aludido acuerdo con el fin de apretar al mandatario local. Siempre el inquilino del piso 19 de la gobernación hace uso de la coacción con fines de enviar un mensaje a los desprotegidos municipios en el sentido de que “el que no está conmigo, está contra mí”. Si no fuera así, estarían en la disposición de demostrar que han demandado cientos de acuerdos viciados de otros municipios.

En este caso, el que no juega a los dados es la Procuraduría. El Ministerio Público ha evidenciado que el arriba acuerdo citado está cargado de irregularidades, y ha conceptualizado lo siguiente: “…con base en los argumentos tanto fácticos como jurídicos antes esbozados, este Ministerio Públicos solicita que se declare la ilegalidad del acuerdo acusado, por vulneración del principio de legalidad en materia presupuestal, en ejercicio de la cosa juzgada relativa…”

Luego agrega la procuraduría: “…Por lo anterior y con el acostumbrado respeto, este agente del Ministerio Público, solicita al Honorable Tribunal Administrativo del Quindío, que al momento de emitir la providencia respectiva se declare la ilegalidad del acuerdo acusado por violación al principio de legalidad presupuestal, tal como se explicó a lo largo del presente concepto…”–ver concepto completo de la procuraduría–.

La procuraduría entonces no debería de anclarse en el concepto expresado con relación al tema, debería de ir más allá con el objetivo de investigar disciplinariamente al alcalde Daniel y al grupillo de concejales arrodillados que votaron a favor del acuerdo demandado. Semejante adefesio que afecta la administración pública de la localidad y golpea los bolsillos de los contribuyentes del impuesto de alumbrado público.

Finalmente, el abyecto gobierno de Daniel quiere camuflarse en la que él está orientando para que su pobre legado continúe cuatro años más. Y han salido como granujas a vender ideas falsas. Los ciudadanos de Montenegro están a tiempo de hacer uso del voto para castigar a los que le han hecho daño a su municipio, incluyendo concejales y alcalde.