Casi cuatro de cada cinco búsquedas de trabajo sexual en Colombia están dirigidas a mujeres. Es el dato más contundente del sector y, al mismo tiempo, uno de los menos analizados. Incluso en Medellín, la ciudad con la demanda más repartida del país, ellas concentran cerca del 70 % de las búsquedas. Son mayoría, pero siguen siendo un punto ciego para las estadísticas y las políticas públicas.
La cifra que confirma una intuición y oculta un vacío
Los reportes de audiencia de una plataforma de anuncios que opera en el país registraron 4,24 millones de sesiones con categoría informada entre abril y julio de 2026. El 78,7 % de esas búsquedas se dirigió a mujeres; el 7,2 %, a escorts masculinos, y el 6,8 %, a personas trans. Ese 14 % conjunto desafía el imaginario más extendido y, precisamente por eso, llamó la atención. El dato mayoritario, en cambio, pasó casi inadvertido.
Es comprensible: lo que confirma una intuición rara vez provoca nuevas preguntas. Sin embargo, ahí está el problema. Sobre ese 78,7 % apenas existe información pública útil. No hay una medición nacional de ingresos, jornadas, cobertura en salud o formas de organización laboral. Tampoco se sabe cuántas mujeres trabajan de manera independiente y cuántas lo hacen bajo el control de terceros. Para la venta ambulante, el servicio doméstico o el reciclaje existen estadísticas oficiales, imperfectas pero disponibles. En este caso, la mayoría absoluta del sector sigue reducida a una silueta.
La oferta muestra una proporción similar. Entre los anuncios publicados con categoría, uno de cada cinco no corresponde a una mujer; es decir, cerca de cuatro de cada cinco sí. El escaparate es algo más diverso que la demanda, pero la estructura de fondo apenas cambia: el volumen del sector descansa sobre un grupo del que se habla mucho y se conoce muy poco.
Medellín: una mayoría menos abrumadora, pero todavía dominante
El promedio nacional oculta diferencias importantes entre ciudades. En Medellín, el 30,1 % de las búsquedas con categoría no se dirige a una mujer: casi el triple que en Cartagena (11,7 %) o Soacha (11,3 %), y prácticamente lo mismo que en Cúcuta (30,2 %). Dentro de ese 30,1 %, los escorts masculinos representan el 17,8 % y las personas trans, el 12,3 %. Entre las grandes ciudades, Medellín presenta la demanda más distribuida entre géneros.
Aun así, siete de cada diez búsquedas en Medellín siguen dirigidas a mujeres. La plaza más diversa del país continúa siendo, en términos de volumen, una ciudad sostenida por trabajadoras. Allí la falta de datos adquiere un peso particular: Medellín reúne una intensa actividad turística, una creciente presión inmobiliaria sobre las zonas donde se ejerce y una larga historia de intervención policial en el espacio público. Tres dinámicas que afectan, en primer lugar, a quienes conforman la mayoría.
Para entender cómo se construye esa autonomía, conviene observar el día a día de las escorts en Medellín. La trabajadora publica su aviso, describe lo que ofrece, filtra los mensajes y decide cuándo responder. Esa capacidad de gestión desplaza hacia ella una parte importante del poder de decisión. Pero también la deja sola ante la verificación del cliente, el cobro y la circulación de su imagen. Autonomía y desprotección avanzan juntas, aunque ninguna de las dos aparece en las estadísticas.
Se legisla sobre una realidad apenas dibujada
Sobre el papel, el marco legal colombiano es más amplio de lo que suele reconocerse. En 2010, la Corte Constitucional admitió que el trabajo sexual puede constituir una relación laboral con plenos derechos cuando se cumplen las condiciones de un contrato. En 2017, reiteró que su ejercicio no está penalizado y que se trata de una actividad económica lícita. El vacío no está tanto en las sentencias como en su aplicación: cotización, cobertura de riesgos laborales y canales de denuncia que no terminen convirtiéndose en operativos contra quien denuncia.
Mientras esas garantías siguen pendientes, buena parte de la discusión pública se ha desplazado hacia la posibilidad de criminalizar la demanda. Sus efectos sobre las trabajadoras han sido examinados a partir de la experiencia internacional. En Noruega, según la evidencia recogida por Amnistía Internacional, penalizar al cliente no eliminó la actividad: la trasladó a apartamentos privados y a acuerdos por internet. Con ese desplazamiento se debilitó la red de protección colectiva construida en la calle, aumentaron las visitas en solitario a domicilios de clientes y las mujeres migrantes quedaron especialmente expuestas, incluso a ser deportadas después de intentar denunciar una agresión. El alcance de esta discusión en Colombia puede consultarse en un análisis reciente sobre el debate abolicionista colombiano.
La cuestión no es resolver aquí qué modelo resulta más conveniente. El problema es que la conversación avanza sin información básica sobre las personas a las que pretende proteger. Se discute si criminalizar la demanda beneficia a las trabajadoras de Medellín sin saber cuántas son, cuánto ganan, cuántas cotizan o qué proporción trabaja sola en un apartamento arrendado a su nombre. Cualquier política construida sobre ese vacío corre el riesgo de agravar la vida que pretende mejorar.
Cuatro de cada cinco, pero sin ficha técnica
Los datos de una plataforma miden búsquedas, no personas. Registran lo que alguien abre en una pantalla y utilizan las categorías de un catálogo comercial, no necesariamente las identidades elegidas por quienes publican los anuncios. Con esa cautela, sí permiten señalar algo concreto: dónde falta información.
El 14 % de las búsquedas que no se dirige a mujeres abrió una conversación necesaria. El 78,7 % todavía espera la suya. Esa mayoría no se hará visible únicamente con más titulares, sino con lo que hasta ahora no se ha producido: datos propios sobre ingresos, salud, seguridad y condiciones de trabajo de las mujeres que sostienen el sector en Medellín, Cartagena y el resto del país. Sin esa información, cada norma escrita en su nombre seguirá hablándole a una silueta.
