SE DEBE SUSPENDER LA POSESIÓN

Si Colombia es un país democrático y un Estado de derecho, debe garantizar que quien sea elegido presidente, lo haga de manera transparente, respetando la constitución y las leyes. La elección de Abelardo de la Espriella ADLE deja muchas dudas y cuestionamientos, por eso tiene numerosas demandas y reclamaciones ante los organismos electorales.

El Ministerio del Interior y Uriel, Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral recibieron 274 denuncias por constreñimiento electoral, contra funcionarios públicos de alcaldías y gobernaciones, así como de empresarios para favorecer a ADLE. La Misión de Observación Electoral, recibió 40 denuncias, también por hechos de constreñimiento electoral a favor del mismo candidato.  

Ante la Fiscalía el reconocido abogado Miguel Ángel del Rio, presentó denuncia contra Supergiros por constreñimiento electoral a empleados y contratistas. Igualmente se presentaron numerosas denuncias por compra de votos en varias regiones del país.  Todas estas denuncian para favorecer al “tigre”.

El Consejo de Estado admitió una demanda del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Dr. Luis Guillermo Pérez, que solicita medidas cautelares para suspender la posesión y declarar la nulidad de la elección del ADLE con doble nacionalidad, por la inhabilidad establecida en los artículos 197 y articulo 179 numeral 7. ADLE para recibir la nacionalidad estadounidense juró lealtad a ese país por encima de cualquier otra nacionalidad. 

Por la indebida e inaceptable injerencia extranjera de los Estados Unidos, que viola la libre autodeterminación de las naciones. El presidente Trump reconoció que ADLE ganó gracias a su ayuda. ¿Cuánto le aportó económicamente?

Porque no hubo escrutinios en el exterior. Porque no se mantuvo la trazabilidad de los formularios E- 14, ni se corrigieron los miles de formularios que fueron adulterados para restar votos a Cepeda y adicionárselos a ADLE. Porque se desmontaron los controles a la trazabilidad digital. 

Además, por numerosas irregularidades en el proceso electoral.  Según denuncias de presidente Gustavo Petro, la Registraduría no adquirió el nuevo software, ya que el actual es vulnerable y poco confiable; como lo ordenó el Consejo de Estado. Ni entregó el código fuente.  El software actual en manos de los hermanos Bautista, fue manipulado para modificar el censo electoral que había sido cerrado el 30 de abril con 41.421.973 cedulas habilitadas para votar. El día 26 de mayo de 2026 en 2 oportunidades y a diferentes horas, ilegalmente le adicionaron 881.400 cedulas, para totalizar 42.307.373, y se incrementaron 696 puestos de votación y 1.493 mesas adicionales.

Así mismo, presentó las pruebas de 5.300 mesas con votaciones superiores a las 300 cédulas habilitadas para sufragar en cada mesa. En algunos casos la votación fue superior a 700 u 800 votos, los que es imposible por cuestiones de tiempo. 

Finalmente, fueron evidentes la ilegal participación en política de las maquinarias clientelistas de gobernaciones y alcaldías presionando a empleados y contratistas a votar y conseguir 10 o 20 votos más por ADLE, o de lo contrario perdían sus empleos o contratos, existen pruebas de los chats. Lo mismo hicieron los empresarios con sus trabajadores. Estas denuncias las hizo la Revista Raya. Tambien una investigación periodística liderada por el portal digital Cuestión Publica en alianza con Vorágine, Rutas del Conflicto, El Veinte y CLIP, que denunció el funcionamiento de una maquinaria digital de la campaña de ADLE con una base de 1.4 millones de registros; donde funcionarios públicos que actuaban como reclutadores, debían inscribir a otros a cambio de estabilidad. Para promover esta actividad el candidato ofreció como premios un viaje a Estados Unidos en su avión particular para ver un partido del mundial. Y una invitación a su posesión y a una cena con él.

La Alcaldía de Armenia llenó la plaza de Bolívar con empleados y contratistas, familiares y amigos y trayendo gente en buses de todos los municipios; en respaldo a la candidatura del tigre, a pesar de no contar con su presencia. 

¿Por qué afirman que vienen haciendo el empalme con 1.300 personas desde hace 8 meses, si solo hace 37 días fue la elección presidencial?  ¿Por qué sabía que sería elegido? ¿Tenía asegurado el fraude? ¿Qué costo tuvo? ¿Con que dineros fue pagado ya quién?

El país exige respuesta a todos estos interrogantes. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría deben responder con pruebas claras y contundentes las denuncias del presidente.  La Fiscalía, Uriel y la MOE respuesta a las denuncias ciudadanas recibidas y el Consejo de Estado el fallo a la denuncia presentada. Pero esto debe ser antes de que se posesione el ilegitimo presidente. Después de posesionado con el poder que adquiere, todas las denuncias serán engavetadas o archivadas y tendrá impunidad su ilegitima elección. Por eso se debe suspender la posesión. Primero se debe demostrar la legalidad de su elección.