EL MONSTRUO TODAVÍA ESTÁ AHÍ

Parafraseando el célebre microcuento de Augusto Monterroso: “Cuando Angie Rodríguez despertó, el monstruo todavía estaba allí”. Su testimonio público, pronunciado entre el llanto, el miedo y la sensación de encontrarse en peligro, no puede convertirse por sí solo en una verdad judicial. Pero tampoco puede ser desechado a la ligera ni mucho menos reducido a una discusión sobre su salud mental. Lo que ella relató exige protección, investigación y respuestas institucionales.

El monstruo al que me refiero no es un diagnóstico clínico ni una descalificación personal. Es una forma de ejercer el poder: personalista, opaca, intolerante frente al control, propensa a desacreditar a quien denuncia y sostenida por el silencio de quienes prefieren conservar sus cargos antes que defender la dignidad de las instituciones.

Eso explica por qué resulta tan inquietante el silencio de tantos colaboradores del gobierno. Algunos solo hablaron después de abandonar sus cargos. El excanciller Álvaro Leyva, por ejemplo, formuló señalamientos públicos sobre el comportamiento personal del presidente Gustavo Petro y sobre episodios que, de ser ciertos, comprometerían seriamente la majestad del cargo. Sus afirmaciones también deben ser verificadas, pero el país no puede fingir que nunca fueron pronunciadas. Como no puede continuar indiferente a los escándalos de sus allegados: su hijo Nicolás, su hermano Juan Fernando y su exesposa Verónica. 

A este cuadro se suman las grabaciones atribuidas al excomisionado de Paz Danilo Rueda, divulgadas por Caracol Radio, sobre reuniones con emisarios de un grupo armado y abogados vinculados al Clan del Golfo. En uno de los audios se escucha la expresión “juguemos a los congelados”, que habría aludido a una estrategia de inacción simultánea del grupo armado y de la Fuerza Pública. También se mencionan una supuesta “purga” en las Fuerzas Militares, el cese de bombardeos y la suspensión de extradiciones.

La autenticidad, el contexto y el alcance jurídico de esas grabaciones corresponden a las autoridades. Sin embargo, si se comprobara que desde el Estado se ofrecieron ventajas operacionales o judiciales a una organización criminal por fuera de la Constitución y la ley, no estaríamos ante una simple controversia política, sino ante hechos de enorme gravedad.

Más inquietante aún es que varias decisiones posteriores del Gobierno hayan coincidido, al menos parcialmente, con lo que se escucha en los audios.

No se pueden olvidar las reuniones entre emisarios del gobierno de Gustavo Petro y allegados a Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo” ni el dinero que este presuntamente le entregó a la campaña a través de un ciudadano español. Mucho menos, las investigaciones por la financiación presuntamente irregular de la campaña Petro presidente de 2022.

Durante estos cuatro años, vimos la designación de condenados y jefes criminales como gestores de paz. Vimos al presidente compartir tarima con cabecillas de estructuras delincuenciales en Medellín, en abierto desafío a las autoridades locales. Vimos cómo la cárcel de Itagüí terminó convertida en el escenario de una parranda vallenata con licor, visitantes irregulares y privilegios incompatibles con un establecimiento penitenciario. La comparación con la antigua Catedral de Pablo Escobar dejó de parecer una exageración retórica.

En los últimos días, la revista Semana divulgó grabaciones, mensajes y documentos relacionados con Juliana Guerrero y su hermana Verónica, a quienes empresarios han señalado de exigir pagos a cambio de contratos públicos. La Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones para establecer si existió una red de coimas y tráfico de influencias. A lo anterior se agregan los cuestionamientos previos sobre títulos académicos y sobre el uso de aeronaves del Estado. Pese a la gravedad de los señalamientos, Petro defendió públicamente a Juliana Guerrero y la mantuvo como su delegada ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, hasta que ella presentó su renuncia para atender las investigaciones y ejercer su defensa.

La presunción de inocencia debe respetarse. Pero ese principio no impide exigir responsabilidad política a quienes nombran, respaldan y protegen a funcionarios seriamente cuestionados. Una cosa es no anticipar una condena penal, y otra muy distinta, normalizar que el poder presidencial se utilice como escudo frente a denuncias que merecen esclarecimiento.

Esta misma semana, el alcalde de Medellín presentó un balance de 666 hallazgos por presuntos hechos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero. Según la denuncia oficial, los contratos presuntamente direccionados superarían un billón de pesos, y ya existen personas imputadas, capturas, una condena y medidas de extinción de dominio. Daniel Quintero, entretanto, fue nombrado por Petro al frente de la Superintendencia Nacional de Salud, pese a los procesos y cuestionamientos que lo rodean.

De nuevo, no se trata de declarar culpabilidades desde una columna, sino de preguntarnos qué criterio ético orientó las decisiones del Gobierno.

Los episodios no pueden analizarse como escándalos aislados. En conjunto revelan un patrón: la degradación de los controles, la confusión entre lealtad personal y servicio público, la utilización selectiva de la paz como instrumento político y la tendencia a convertir cualquier denuncia en una agresión contra el proyecto presidencial.

También vimos al Gobierno intervenir abiertamente en la campaña electoral. Hubo denuncias sobre el uso de recursos, contratos y cargos públicos con fines políticos, así como indicios de presión armada sobre el voto en algunas regiones. Estos hechos deben investigarse con rigor, sin convertir sospechas en certezas ni minimizar la influencia que los grupos ilegales todavía ejercen sobre numerosas comunidades.

El Consejo Nacional Electoral ratificó la victoria de Abelardo de la Espriella. Por ello, Petro e Iván Cepeda pueden controvertir políticamente al nuevo Gobierno, acudir a las autoridades y ejercer una oposición firme. Lo que no resulta admisible es deslegitimar el resultado electoral sin pruebas concluyentes o preparar, desde ahora, una estrategia de agitación que desconozca las reglas democráticas. La democracia obliga tanto a garantizar el derecho a oponerse como a aceptar la decisión de las urnas.

El llanto y el temor expresados por Angie Rodríguez no solo interpelan a Petro y a sus colaboradores. Interpelan a una sociedad que se acostumbró a convivir con la corrupción, el abuso de poder y la degradación del primer cargo público de la Nación. Lo más peligroso no es únicamente la conducta de quienes gobiernan mal, sino la indiferencia de quienes, pudiendo reaccionar, prefieren mirar hacia otro lado.

Estuvimos en peligro de despertar y comprobar que el monstruo seguía ocupando el solio de Bolívar. Por fortuna, las urnas impidieron la continuidad del proyecto. Pero el monstruo todavía está ahí: en la intolerancia, en la opacidad, en la impunidad, en el culto al caudillo y en la tentación de incendiar la convivencia democrática desde las calles. El cambio de presidente no bastará. Será necesario reconstruir las instituciones, restablecer los límites del poder y recordar que ningún gobernante está por encima de la Constitución, de la ley ni de la dignidad de Colombia.