La noticia fue difundida rápidamente por distintos medios de comunicación diciendo lo siguiente: “durante el gobierno deCarlos Eduardo Osorio Buriticá, la Gobernación del Quindío invertiría una multimillonaria suma de recursos públicos en la Universidad del Quindío”. En ese entonces, tanto el gobernador como el rector de la UniQuindío estaban felices.
Incluso, el portal oficial de la Gobernación tituló una de sus publicaciones —en el año 2018— así: “Rector de la UniQuindío destacó gestión del gobernador para la adecuación del Alma Mater”. Allí se anunciaba una inversión superior a los 12 mil millones de pesos para la “Remodelación y optimización de escenarios deportivos, obras de urbanismo y movilidad del campus”.
Pero años después, esa obra terminaría convertida en un problema judicial para la universidad pública quindiana.
La historia comienza cuando en enero de 2019, la UniQuindío expidió un certificado de disponibilidad presupuestal por más de $7.669 millones provenientes del Sistema General de Regalías. Posteriormente abrió la Invitación Pública No. 003 de 2019, a la cual se presentaron siete oferentes, entre ellos el Consorcio Campus y el Consorcio Remodelación Escenarios Deportivos.
El proceso parecía avanzar normalmente, o, mejor dicho, lo hacían avanzar “normalmente”. De hecho, la propia universidad dejó consignado en la Resolución 5984 del 25 de abril de 2019 que, luego de aplicar el método de evaluación económica previsto en el pliego, “resultó como método a aplicar el de la MEDIA ARITMÉTICA… seleccionándose por esta razón al proponente CONSORCIO CAMPUS”.
Los integrantes del Consorcio Campus creyeron haber ganado legítimamente el proceso. Sin embargo, durante la audiencia de adjudicación apareció una observación presentada por el consorcio rival cuestionando información aportada por uno de sus integrantes.
Lo sorprendente vino después. Según la sentencia del Consejo de Estado—del 24 de marzo de 2026—, dice: “la entidad dejó constancia de que, aun prescindiendo de la información cuestionada, el Consorcio Campus cumplía con el requisito de capacidad residual exigida”. A pesar de ello, la universidad decidió excluirlo del proceso
La causal aplicada por la entidad fue una de las más delicadas del pliego: haber entregado información que no permitía “verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes”. Y fue precisamente allí donde comenzó el problema jurídico.
El alto tribunal fue terminante al analizar lo ocurrido. En la sentencia se lee que “el Consorcio Campus no solo cumplía con la totalidad de los requisitos habilitantes, sino que, además, conforme al orden de elegibilidad establecido por la propia contratante, ocupaba el primer lugar”.
Pero el fallo va más allá. El Consejo de Estado también advirtió que la observación presentada contra el Consorcio Campus habría sido “manifiestamente extemporánea”, razón por la cual “la entidad contratante no debió darle trámite ni fundar en ella una decisión que afectara la validez de la propuesta”.
Es decir, según la máxima autoridad de lo contencioso administrativo en Colombia, la Universidad del Quindío terminó sacando del camino al oferente que había ocupado el primer lugar, aun cuando el propio proceso reconocía que seguía cumpliendo los requisitos exigidos.
Y mientras eso ocurría, el segundo proponente terminó quedándose con el contrato. El rector y el vicerrector, felices.
El aspecto más incómodo para la universidad aparece cuando la sentencia estudia al consorcio finalmente adjudicatario. Allí el Consejo de Estado concluye que uno de sus integrantes “no contaba con la antigüedad mínima de un (1) año exigida en el pliego de condiciones”. Y eso no lo observó los que se creen los dueños de la UniQuindío.
Con base en esos elementos, el alto tribunal concluyó que la Universidad del Quindío “desconoció las previsiones contenidas en el pliego de condiciones” y terminó causando un daño al oferente inicialmente favorecido.
La decisión judicial no solo deja una condena económica contra la universidad: ¿De dónde van a sacar la plata para pagarle al Consorcio? También deja otra pregunta: ¿cómo terminó perdiendo el contrato quien inicialmente había sido declarado ganador y cumplía materialmente los requisitos exigidos? ¿Dónde está la procuraduría y la contraloría para que investigue el caso? Ellos nunca están en las cosas importantes.
Porque cuando en un proceso público aparecen cambios inesperados, observaciones extemporáneas y exclusiones discutibles, la desconfianza ciudadana deja de ser una simple sospecha y comienza a convertirse en un problema institucional. Mientras la universidad del Quindío este en manos de Polania, los problemas institucionales continuaran. ¿Dónde esta el movimiento estudiantil?
Un comentario
Dónde está el rector para sacar un comunicado a la comunidad defendiendo el patrimonio público y denunciando a los posibles corruptos ante los respectivos entes de control…