Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
Las elecciones presidenciales pueden ser leídas desde múltiples enfoques del pensamiento político, y cada una de ellos ilumina una dimensión distinta del fenómeno. Para el liberalismo, son el mecanismo racional de delegación del poder; para el elitismo, un ritual que legitima la circulación de minorías dominantes; para la tradición marxista y neogramsciana, un momento de disputa por la hegemonía y la construcción del sentido común; para el neoinstitucionalismo, un juego condicionado por reglas formales e informales; para la teoría de la elección racional, una decisión estratégica de maximización de beneficios; y para las escuelas sociológica y psicosocial, la expresión de identidades, territorios y emociones sedimentadas. Ninguna de estas perspectivas, por sí sola, agota el análisis; pero en su convergencia permiten comprender que las elecciones no son solo eventos, sino condensaciones históricas de relaciones de poder.
En Colombia, la contienda presidencial de 2026 —reconfigurada en torno a trece candidaturas tras la adhesión de Clara López Obregón a Iván Cepeda— no se limita a activar el engranaje institucional de la democracia. Más bien, pone en evidencia una tensión menos visible pero más decisiva: el desfase entre la forma electoral y las dinámicas reales del poder. Lo que se despliega no es únicamente una competencia entre opciones de gobierno, sino una disputa más profunda por la definición misma de la política, por los límites de lo pensable y por la capacidad de imponer un relato sobre el país.
La superficie institucional, como siempre, ofrece tranquilidad: calendario electoral, reglas claras, competencia abierta. Todo parece funcionar. Pero esa apariencia de normalidad es, precisamente, el primer engaño. Porque lo que se juega en esta elección no cabe dentro del molde de la democracia procedimental. Aquí no estamos ante una simple agregación de preferencias; estamos ante una confrontación de proyectos de poder que operan en planos mucho más profundos.
La tradición liberal insiste en ver al ciudadano como un sujeto racional que compara propuestas y decide. Pero en la Colombia contemporánea esa figura es, en el mejor de los casos, una aspiración normativa. El elector no se mueve únicamente por programas; se mueve por miedo, por esperanza, por resentimiento, por identificación. Vota no solo por lo que cree, sino por lo que teme perder. Y en ese tránsito, la elección deja de ser un acto frío para convertirse en una toma de posición existencial.
La escuela elitista, menos ingenua, permite ver lo que subyace: la política como un juego de élites que se transforman sin desaparecer. Lo que hoy se presenta como renovación es, en muchos casos, reacomodo. Lo que se vende como ruptura es, con frecuencia, una mutación de las mismas lógicas de poder. La adhesión de Clara López a la candidatura de Cepeda no es solo una alianza electoral; es la evidencia de que las élites —viejas o nuevas— comprenden mejor que nadie que el poder no se disputa en soledad, sino en coalición. Y, sin embargo, la pregunta incómoda persiste: ¿cuánto de cambio hay realmente en estas recomposiciones y cuánto de continuidad disfrazada?
Pero el problema no se agota en la circulación de élites. Si algo caracteriza el momento actual es la intensidad de la disputa por la hegemonía. No se trata solo de ganar votos; se trata de definir qué es Colombia, cuáles son sus problemas y quién tiene derecho a nombrarlos. En este terreno, la política abandona la comodidad de la administración y entra en el territorio áspero del sentido. Cada candidatura intenta capturar palabras que ya no son neutras: seguridad, cambio, orden, justicia. No son conceptos; son trincheras.
La paradoja es que, mientras la retórica se radicaliza, el cálculo se vuelve más frío. La proximidad de la segunda vuelta introduce una lógica implacable: el voto útil. El elector, atrapado entre identidades y miedos, comienza a preguntarse no solo quién le representa, sino quién puede ganar o quién puede impedir que gane el otro. La elección se convierte entonces en una ingeniería de probabilidades. Y en ese proceso, las convicciones suelen ceder ante la estrategia.
Sin embargo, reducir la elección a cálculo sería otro error. Colombia sigue siendo un país profundamente territorial, desigual, fragmentado. El voto no circula en el vacío; se arraiga en historias locales, en estructuras sociales, en memorias colectivas. A esto se suma una dimensión que la teoría tradicional subestimó durante demasiado tiempo: la emocional. Hoy el debate no está organizado únicamente por ideas, sino por afectos. El petrismo y el antipetrismo no son solo posiciones políticas; son comunidades emocionales que estructuran la percepción del mundo.
Y es aquí donde el análisis debe volverse más incómodo. Porque si el voto está atravesado por emociones, identidades y discursos, entonces la elección deja de ser un simple mecanismo de representación para convertirse en un campo de producción de sentido. No se trata únicamente de elegir un gobierno; se trata de definir qué realidad será considerada legítima.
El centro político, atrapado entre la polarización y su propia incapacidad para construir un relato movilizador, aparece como la gran víctima de este proceso. Su lenguaje técnico, su apelación a la moderación, su confianza en la racionalidad parece insuficiente frente a un electorado que demanda certezas, incluso si esas certezas son incómodas o simplificadoras. Así, el centro corre el riesgo de convertirse en lo que nunca quiso ser: no una alternativa, sino un botín.
Mientras tanto, la oposición se enfrenta a su propio dilema estructural: la fragmentación. En su intento por capitalizar el descontento, corre el riesgo de dividirlo. Y en política, la dispersión no solo debilita; entrega el poder.
El bloque progresista, por su parte, enfrenta una tensión distinta pero no menos compleja: la de gobernar sin perder el relato. Porque el poder, una vez ejercido, desgasta. Y lo que ayer fue promesa, hoy es balance. La continuidad no se defiende solo con discurso; se defiende con resultados que logren sostener la legitimidad construida.
Así, la elección de 2026 se revela como lo que realmente es: una disputa por la capacidad de articular mayorías en un contexto de desconfianza, fragmentación y alta intensidad simbólica. No ganará necesariamente quien tenga más seguidores, sino quien logre sumar más rechazos al adversario que adhesiones puras a sí mismo. Es una lógica incómoda, pero profundamente real.
Y quizá ahí radica la verdad más inquietante de este proceso. La democracia, tal como se presenta, sigue funcionando. Las urnas estarán, los votos se contarán, el ganador será proclamado. Pero la pregunta de fondo no desaparecerá: ¿es esto suficiente para hablar de representación? ¿O estamos asistiendo a una sofisticación de mecanismos que, bajo la apariencia de elección, siguen reproduciendo estructuras de poder que apenas cambian de rostro?
La elección que viene no definirá únicamente un presidente. Definirá el marco desde el cual se interpretará el país durante los próximos años. Y en esa definición, lo que está en juego no es solo el poder visible, sino —como tantas veces en la historia política— ese otro poder, más esquivo, más silencioso, pero profundamente eficaz: el poder de decidir qué puede ser pensado, dicho y, finalmente, gobernado.
Porque al final, y esta es la advertencia que la teoría y la historia coinciden en señalar, no siempre gana quien obtiene más votos; gana quien logra que esos votos se conviertan en una narrativa capaz de ordenar la realidad.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral.
