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Aldesarrollo, el contratista de la tecnología educativa en el Quindío, es el mismo del caos en los pasaportes colombianos

La Cancillería terminó el contrato con Aldesarrollo por incumplimiento. La misma empresa fue denunciada en Armenia por la exconcejala Stefany Gómez y el senador Ariel Ávila por convenios de tecnología educativa por más de $101 mil millones.
12 abril 2026 11:13 pm
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El nombre de Aldesarrollo está en el centro de dos escándalos simultáneos que sacuden la opinión pública. A nivel nacional, por el caos en el sistema de trámites de la Cancillería que esta semana dejó a miles de colombianos sin poder agendar citas para sus pasaportes. En el Quindío, por los convenios de tecnología educativa denunciados desde febrero por la exconcejala Stefany Gómez y el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación del contrato tecnológico suscrito con Aldesarrollo, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones pactadas. Ante esta situación, el ministerio inició un proceso sancionatorio contractual y puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, según dijo Bluradio.
En el Quindío la historia es conocida. El 24 de febrero, Stefany y Ávila presentaron ante los organismos de control una denuncia que fue el resultado de una investigación conjunta: el equipo del senador desde Bogotá y la exconcejala desde el territorio revisaron convenio por convenio en Armenia, Calarcá, Filandia y Quimbaya. En total, más de $101.735 millones en contratos de tecnología para colegios suscritos bajo un esquema de contratación directa, con posibles sobrecostos en equipos, software y capacitaciones sin trazabilidad clara.
El patrón se repite en los dos casos: contratación directa sin licitación abierta, obligaciones incumplidas y recursos públicos en riesgo. La Fiscalía adelanta tres indagaciones contra Aldesarrollo por posibles irregularidades contractuales, y la Secretaría de Transparencia del Gobierno Petro interpuso una denuncia por un posible carrusel de contratación que superaría los 1,3 billones de pesos.

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