En Colombia se ha consolidado una realidad peligrosa. Los llamados “gestores de paz” que han terminado siendo, en muchos casos, parte del mismo andamiaje criminal, pero ahora con una especie de licencia para moverse y actuar con plenas garantías y libertades, además de contar con un ingrediente adicional; cuando el gobierno los necesite, deben estar a su servicio.
Así de claro. Todo esto nace de una política nefasta y fallida que se vendió como la solución integral a la violencia, basada en el diálogo con grupos armados, bandas criminales y estructuras narcotraficante bajo la promesa de reducir la violencia, facilitar la reintegración y garantizar justicia social y protección a la vida.
Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, lo que se evidencia es el crecimiento de estas estructuras con mayor control territorial y una capacidad cada vez más amplia para imponer condiciones. Aumento de la violencia, homicidios y masacres. Lo más grave es que esto no ocurre con la simple permisividad del gobierno, sino con una actuación que termina viéndose como entre socios directos.
Y eso es claro. Desde antes de llegar al poder ya se habían adelantado acercamientos, reuniones y compromisos oscuros, incluso con encuentros en cárceles y contactos en otros países, todo manejado como si fuera una agenda legítima, pero con actores que han sostenido la violencia durante años.
En este contexto aparece la figura de los “gestores de paz”, una condición que no tiene estructura clara, ni reglas visibles, ni control real. Se trata de designaciones a dedo, justificadas bajo la necesidad de facilitar diálogos, pero sin ningún tipo de trazabilidad.
Entonces: ¿Dónde están esos gestores?, ¿Quién los controla?, ¿Quién responde por sus actos? En cualquier entidad, empresa o institución, existe un principio mínimo; la rendición de cuentas, donde los resultados, avances y responsabilidades deben ser claros y públicos. Aquí, en cambio, todo se maneja en la opacidad.
Es importante tener presente; que mientras más recorrido criminal tenga alguien, más posibilidades tiene de adquirir relevancia dentro de estos procesos. Si está libre, continúa delinquiendo; si es capturado, puede terminar con un nuevo estatus. Es un sistema donde con cara o con sello, pareciera que siempre terminan ganando.
Esto obedece a una actuación estratégicamente planeada para estos próximos comicios electorales, en los que se dispone de toda la estructura del Estado, del dinero no ejecutado y de los cabecillas y mandos criminales presionando en los territorios donde tienen margen de control, para direccionar el voto popular, y así, orientar las elecciones hacia su candidato, el de la continuidad de este modelo.
Llegamos a una situación de esta índole, cuando los gobiernos perdonan y otorgan amnistías a criminales, estos no se transforman, se reorganizan, construyen poder y terminan influyendo, incluso direccionando los destinos de un país.
Y quien llega al poder en esas condiciones no puede ocultar su origen; viene de entornos marcados por la criminalidad, rodeado de estructuras similares, con amigos y jefes de iguales características. ¿Y con quién gobierna entonces? La respuesta es obvia, con sus compinches de vieja data. Esto no es una opinión, es lo que hoy se ve en Colombia, los hechos, los resultados y las consecuencias así lo evidencian.
Hoy unos cuantos gobernadores y alcaldes, salvo contadas excepciones; intentan enfrentar esta realidad mientras la mayoría, guarda silencio cuidando sus propios intereses. Esa aparente desconexión termina convirtiéndose en la práctica, en una aceptación de que el crimen no solo manda en los territorios, sino que también es direccionado desde el poder gubernamental.
Esperemos que las cosas realmente cambien por el del bien del país, pero ese cambio no llegará solo: exige firmeza, carácter y decisión del pueblo colombiano.
*Máster en Gestión de Riesgos. Especialista en Seguridad.
www.kiavik.com
Un comentario
La solución de raíz es NO votar por presidente pseudo izquierdista igual o peor que el actual.