En Colombia, los proyectos REDD+, diseñados como mecanismos para mitigar el cambio climático a través de la conservación de bosques, están generando conflictos socioambientales en distintos territorios del país. Así lo revela una investigación desarrollada por Censat Agua Viva, en alianza con Oxfam Colombia, que documenta afectaciones en comunidades indígenas y campesinas, así como vacíos en la implementación de salvaguardas sociales y ambientales.
El principal hallazgo de la investigación es que los conflictos asociados a estos proyectos no son hechos aislados, sino patrones que se repiten en distintos territorios y que están generando vulneraciones a derechos fundamentales como el territorio, la alimentación, las prácticas culturales y la autonomía comunitaria. “Lo que estamos viendo no son casos aislados, sino patrones de conflictos socioambientales que evidencian afectaciones estructurales en comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas”, señala Linda González, coordinadora del Área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva.
El estudio también advierte que, en contextos de desigualdad histórica, incluso las políticas climáticas pueden generar impactos negativos cuando no se implementan con garantías suficientes para las comunidades. “Las soluciones climáticas no pueden seguir pensándose como intervenciones técnicas neutrales. Tienen impactos reales sobre los territorios y sobre la vida de las comunidades, y eso debe ser reconocido”, afirma Jenny Gallego, de Oxfam Colombia.
En los territorios, lo que está ocurriendo es una transformación profunda en la manera en que se toman decisiones sobre el uso del bosque y del territorio. Estos proyectos implican acuerdos de conservación que introducen restricciones, compromisos a largo plazo y relaciones económicas complejas que muchas veces no son comprendidas plenamente por las comunidades.
“Nos hablan de conservar, pero nosotros siempre hemos cuidado el territorio. Lo que cambia es que ahora nos dicen qué podemos hacer y qué no, sin que eso haya sido realmente decidido por todos”, señalan integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas Inga del Municipio de Villagarzón (ACIMVIP), en Putumayo.
En territorios indígenas, la investigación evidencia afectaciones a las formas de autogobierno y a la toma de decisiones propias, así como tensiones frente a la mercantilización de la naturaleza y cambios en prácticas tradicionales. “Se están generando tensiones profundas, desde la mercantilización de la naturaleza hasta relaciones desiguales de negociación que no garantizan una participación realmente informada de las comunidades”, explica Johana Peña, investigadora y parte del equipo de Censat Agua Viva.
En territorios campesinos como el Bosque Galilea, en Tolima, se han identificado procesos de especulación sobre la tierra, incremento en su valor, llegada de actores externos y divisiones al interior de las comunidades. “Nosotros llevamos décadas viviendo aquí, pero ahora el territorio se volvió atractivo para otros. La tierra se encareció y empezaron a llegar actores externos, mientras a nosotros nos cuesta cada vez más permanecer”, expresan integrantes proceso organizativo Red de Vigías del Bosque de Galilea, en Tolima.
Además, la investigación recoge cómo estos procesos han generado fracturas comunitarias. “El proyecto dividió a la comunidad. Hay familias que están de acuerdo y otras que no, y eso ha generado tensiones que antes no existían”, señalan integrantes de la Red de Vigías del Bosque de Galilea.
La investigación se desarrolló en cuatro territorios: el Resguardo Indígena del Gran Cumbal en Nariño, el Resguardo Inga de San Andrés y los resguardos vinculados a ACIMVIP en Putumayo, y el Bosque Galilea en Tolima. Estos casos permiten evidenciar que los impactos no se limitan a un tipo de territorio, sino que atraviesan tanto resguardos indígenas, con autonomía reconocida constitucionalmente, como territorios campesinos marcados por el conflicto armado, el despojo y la informalidad en la tenencia de la tierra.
Frente a este panorama, la investigación plantea la necesidad urgente de reconocer estos conflictos, fortalecer la regulación estatal y garantizar la implementación efectiva de salvaguardas sociales y ambientales. “Para avanzar en cambios reales, lo primero es reconocer que incluso las políticas climáticas pueden generar afectaciones. No se trata solo de mejorar la implementación, sino de garantizar derechos y atender los impactos que ya se están produciendo en los territorios”, señala Linda González.
También hace un llamado a que el Estado asuma un rol más activo en la defensa de los derechos de las comunidades, en el seguimiento de estos proyectos y en la generación de condiciones para una participación efectiva. “Hoy existe una deuda en la regulación, en el control y en la protección de los derechos de las comunidades frente a estos proyectos”, agrega Johana Peña.
Además, se plantea la necesidad de avanzar en procesos de reparación frente a las afectaciones ya generadas. “No basta con reconocer los conflictos, es necesario avanzar hacia mecanismos que permitan reparar los impactos sociales que estos proyectos han dejado en los territorios”, señala Jenny Gallego.
Más allá de las afectaciones, la investigación destaca las respuestas de las comunidades, que han impulsado procesos de organización, defensa territorial y pedagogía para comprender y enfrentar estos proyectos. “Nos hemos organizado para entender qué está pasando y defender el territorio desde nuestras propias formas. No somos ajenos al cuidado del bosque, somos quienes lo hemos cuidado históricamente”, señalan desde procesos comunitarios en Putumayo.
Como parte de este proceso, Censat y sus aliados han desarrollado herramientas como el micrositio Geo-grafiar, que permite visibilizar los proyectos, mapear sus impactos y facilitar el acceso a información para comunidades y ciudadanía.
“La transición climática no puede hacerse a costa de los derechos de las comunidades que históricamente han cuidado los territorios”, concluye la investigación.
Censat Agua Viva es una organización ambiental colombiana que trabaja por la defensa de los territorios, la justicia ambiental y la construcción de alternativas al modelo extractivo. Oxfam Colombia hace parte de una confederación internacional que trabaja por la reducción de las desigualdades y la promoción de la justicia social, económica y ambiental.
