Las elecciones al Congreso han quedado atrás y el país empieza a reconfigurar su tablero político mientras se abre la carrera presidencial. El debate vuelve a llenarse de promesas, alianzas improvisadas y cálculos electorales. Sin embargo, detrás de ese ruido persiste una realidad preocupante: el aumento de la inseguridad, la pérdida de autoridad del Estado en amplias regiones y la creciente sensación de que Colombia ha perdido el rumbo.
Este escenario no es responsabilidad exclusiva de un solo gobierno. Es el resultado de decisiones acumuladas en los últimos tres periodos presidenciales, cada uno aportando su cuota a la actual fragilidad institucional.
El primero tomó una decisión que marcaría profundamente el destino del país: desmontar, sin una transición sólida, la política de seguridad que durante años había contenido el avance de las estructuras criminales, bajo la promesa de abrir un nuevo capítulo de paz. El Estado redujo su presión frente a organizaciones ilegales que rápidamente aprovecharon el vacío, y el resultado fue predecible; ocupación territorial, expansión de economías ilícitas y fortalecimiento del control social por parte de actores armados.
El segundo gobierno heredó ese escenario complejo, pero terminó atrapado entre la confrontación política permanente y la presión de una calle cada vez más polarizada. El temor que muchos interpretaron como cobardía política al desgaste y al costo mediático frenó decisiones que habrían sido necesarias para recuperar autoridad institucional. El país terminó viviendo una etapa de protestas prolongadas, fractura social y una criminalidad que siguió expandiéndose sin un control claro.
El tercero, el actual, ha apostado por una estrategia aún más incierta. La llamada “paz total”, presentada como una solución estructural al conflicto, ha terminado enviando señales incoherentes frente al crimen organizado. Mientras se multiplican las mesas de negociación, los grupos armados se fortalecen, las economías ilegales crecen y muchas comunidades sienten que el Estado simplemente se ha retirado de sus territorios.
Sin embargo, el panorama de las alternativas tampoco resulta completamente alentador. En uno de los sectores políticos se observa una estructura que alguna vez mostró coherencia, pero que terminó debilitando sus propias bases al subordinar su identidad a una sola figura. En ese proceso, por cálculos de poder, precisamente hace dos días, se permitieron alianzas y agendas contradictorias que terminaron fracturando sus principios solo por egos, ambiciones personales y maniobras difíciles de interpretar.
En otra vertiente aparece un proyecto que intenta presentarse como una alternativa más estructurada. Su discurso es fuerte, incluso incómodo para algunos, pero refleja una necesidad evidente; el país requiere decisiones firmes para recuperar gobernabilidad, institucionalidad, orden, libertades y seguridad.
También está quien representa la continuidad del caos: el desorden institucional, la permisividad frente a la criminalidad y la constante búsqueda de atajos para pasar por encima de la ley. Un proyecto que parece encontrar siempre la rendija por donde debilitar las normas y relativizar los límites éticos.
Y está el eterno aspirante, un personaje que insiste en un liderazgo que el país ya ha evaluado varias veces sin que logre despegar. Persistir no siempre es convicción; a veces es simplemente incapacidad de aceptar que el momento político ya pasó. A su alrededor, actores camaleónicos y desgastados siguen repitiendo fórmulas que Colombia ya probó y que claramente no funcionaron.
Las elecciones presidenciales que se aproximan no serán una contienda más. Serán, en realidad, una decisión histórica; continuar en la incertidumbre o comenzar, finalmente, la tarea de reconstruir el rumbo institucional, la seguridad y el futuro de Colombia. Porque el país, más que discursos, necesita dirección. Y la necesita con urgencia.
*Máster en Gestión de Riesgos. Especialista en Seguridad.
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