La transformación del sistema financiero colombiano no está siendo liderada por la banca tradicional ni por el aparato estatal, sino por la tecnología. La fintech —la convergencia entre innovación digital y servicios financieros— se ha consolidado como uno de los sectores con mayor crecimiento y capacidad de impacto en la economía en los últimos años. No obstante, su expansión ha dejado en evidencia una tensión que Colombia aún no resuelve: la brecha entre la velocidad del mercado, que evoluciona rápidamente, y la rigidez de un marco regulatorio que ofrece soluciones ineficaces o tropieza con entidades poco flexibles.
Los colombianos sabemos que el desarrollo financiero, en plena tercera década del siglo XXI, avanza de la mano de la tecnología, generando beneficios transversales en términos de innovación, inclusión y competencia (Gabriel Santos, 2026). En un mundo globalizado, donde la cooperación entre Estados y la adopción de buenas prácticas internacionales son esenciales, resulta inaplazable incorporar el ecosistema Fintech al debate electoral.
Es necesario que los candidatos presidenciales, así como los aspirantes al Congreso, asuman compromisos claros frente a una agenda de innovación ambiciosa. Esta agenda debe orientar la toma de decisiones públicas, limitar el intervencionismo institucional innecesario y preparar al país para escenarios financieros de adopción masiva. Adoptar una política pública sólida que consolide pagos digitales, criptoactivos y nuevas tecnologías financieras no solo evitará que estas tendencias sean marginales, sino que se convertirán en pilares de la competitividad económica y la modernización del Estado, permitiendo a Colombia integrarse de manera equitativa al tablero mundial.
La fintech no surge como una moda ni como un desafío deliberado al orden jurídico, sino como respuesta a fallas históricas del sistema financiero tradicional: altos costos de intermediación, procesos lentos, baja inclusión y escasa capacidad de adaptación a las necesidades reales de ciudadanos y emprendedores, Alvarado (2025). En un país donde millones de personas siguen sub-bancarizadas y el acceso al crédito continúa siendo limitado, la tecnología encuentra un espacio natural para innovar.
Hoy, las fintech no solo facilitan pagos digitales o créditos alternativos, sino que están redefiniendo la relación entre el usuario, el dinero y el sistema financiero. Reducen fricciones, amplían el acceso y generan competencia real en un sector históricamente concentrado. El problema no es su crecimiento, sino la incapacidad institucional para acompañarlo con reglas modernas, flexibles y proporcionales.
En este contexto, resulta especialmente relevante el planteamiento de Gabriel Santos, el hombre que asumió la presidencia ejecutiva de Colombia FinTech, impulsando políticas para la innovación financiera y la inclusión digital. en el debate público: el Estado colombiano continúa intentando regular fenómenos ya consolidados, utilizando herramientas jurídicas diseñadas para un sistema financiero analógico, rígido y altamente centralizado. El derecho financiero vigente responde a una lógica preventiva y formalista, adecuada para la banca tradicional, pero insuficiente para modelos de negocio dinámicos y basados en datos.
La brecha es estructural. Mientras una fintech puede diseñar, lanzar y ajustar su modelo en cuestión de meses, el proceso normativo tarda años en producir una regulación que, cuando finalmente entra en vigencia, suele estar desalineada con la realidad del mercado. Esta asimetría temporal refleja que la innovación opera en tiempo real, mientras que la regulación lo hace en retrospectiva.
Este desfase no convierte a la fintech en una amenaza sistémica, sino que revela una debilidad del Estado: la ausencia de una regulación basada en principios, capaz de adaptarse a contextos cambiantes. Regular no debería significar frenar la innovación, sino entender primero y ordenar después. Los ecosistemas financieros más competitivos han optado por marcos regulatorios adaptativos, esquemas de prueba controlada y supervisión proporcional al riesgo, en lugar de prohibiciones preventivas que terminan sofocando la innovación.
La fintech no busca sustituir al Estado ni operar al margen de la ley. Lo que plantea es un desafío legítimo: la necesidad de un gobernante que comprenda que el mercado innova más rápido que la norma y que su rol no es competir con la tecnología, sino crear condiciones de política pública a largo plazo para que esta genere valor sin comprometer la estabilidad financiera.
Colombia se encuentra en un punto de inflexión. Puede seguir por regular tarde y mal, sacrificando innovación y competitividad, o avanzar hacia un modelo institucional que dialogue con el mercado, entienda los riesgos reales y aproveche las oportunidades; la discusión no es ideológica, es geoestratégica desde un campo abstracto, amorfo y difuso, pero existente.
La pregunta clave ya no es si la fintech debe ser regulada —porque lo será—, sino si el Estado colombiano está dispuesto a modernizar su enfoque antes de que la innovación avance sin él. ¿Qué opinan los candidatos y será que si llevaran proyectos de ley acordes a esta nueva tecnología?
Debemos convertir esta ventaja tecnológica en una competencia leal, sin mayor intervención estatal, como oportunidad de riqueza indiscriminada. No basta con que solo existan estas herramientas, resulta indispensable demandar políticas de capacitación que permitan al mayor número posible de personas acceder de manera real y efectiva a sus beneficios.
Referencia:
Alvarado, S. N. (2025). El impacto de las Fintech en la transformación del sector financiero. Revista Académica SIC. Recuperado de https://revsicfundepos.org/index.php/revistasic/article/view/78
Santos, G. (2025, 11 de septiembre). 37% de los colombianos le deben al ‘gota a gota’ y 79% usan efectivo: piden un “tsunami regulatorio” para cambiar el sistema financiero. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-gota-a-gota-efectivo-tsunami-regulatorio-AM29077447
* ABG. Magister en estrategia y Geopolítica
