En mi columna anterior había anticipado gran parte de la respuesta que iba a dar la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) frente a la denuncia de un ciudadano que evidenció la tala de algunos árboles nativos al interior del Parque del Café.
Lo dije claramente en un párrafo: “No hay que esperar mucho una respuesta por parte de la autoridad ambiental para concluir que se trató de un acto que, presuntamente, se justificará bajo la excusa de que se trataba de unos “árboles enfermos que, por su estado de salud, estaban generando riesgo para los que visitan el parque del café”. Ya es un libreto conocido. Este tipo de situaciones suelen resolverse con llamadas informales, acuerdos silenciosos y explicaciones complacientes, con el fin de cubrir el daño de la manera más “amigable”. La CRQ difícilmente se enfrentará a una entidad tan poderosa como el Parque del Café…”.
La respuesta de la CRQ confirma, punto por punto, ese libreto. La entidad parece diseñada no para proteger el ambiente, sino para evitar incomodar a los actores poderosos que operan en el territorio. Bajo la lógica institucional que aplica, talar “unos cuantos árboles viejos” no representa ningún daño significativo, siempre y cuando quien lo haga tenga peso económico o influencia política. La CRQ castiga con severidad a los débiles y protege con diligencia a los fuertes, una práctica que no es nueva y que vuelve a quedar en evidencia con este caso.
No es una percepción aislada ni una acusación ligera. Basta revisar la estructura de poder dentro de la CRQ para entender por qué actúa como actúa. La dirección de la entidad ha quedado en manos de una misma familia: primero José Manuel Cortés Orozco y ahora su hermano, Juan Esteban Cortés Orozco. Esta continuidad familiar en un cargo clave para el control ambiental del departamento genera, como mínimo, serias dudas sobre la independencia, el rigor técnico y la transparencia de la autoridad ambiental.
Todo esto deja una sensación inquietante: en el Quindío, ciertos cargos públicos parecen heredarse como si se tratara de bienes privados. Dinastías criollas que se turnan el poder mientras las decisiones ambientales se vacían de contenido real. La CRQ se muestra activa en recorridos, comunicados y fotografías cuidadosamente producidas, pero omisa frente a los problemas ambientales que comprometen intereses económicos de gran escala.
Un ejemplo de ello es la publicidad institucional que exaltó un recorrido del director de la CRQ por Quimbaya y Montenegro como si se tratara de una acción extraordinaria: “El director general de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, realiza un recorrido por predios del municipio de Quimbaya y Montenegro para verificar las acciones de restauración ecológica que se adelantan en la cuenca del río Roble, priorizada por la autoridad ambiental. En este territorio, la CRQ articula los procesos de recuperación ambiental con las actividades de los sectores productivos presentes en la zona”. Sin embargo, en ese despliegue de gestión ambiental, al director se le olvidó —o prefirió evitar— ingresar al Parque del Café para verificar si allí sí se restauraron los árboles talados. En la fotografía oficial, eso sí, aparece la infaltable pose institucional: rostro serio y mirada perdida en el horizonte.
Con la misma solemnidad, la CRQ respondió que el Parque del Café, desde los años 2014, 2015, 2020, 2021, 2021 y 2022, había solicitado permisos para dar de baja árboles catalogados como Nogales cafeteros, casco de buey, ciprés, araucarias, guamos, caracolíes, guayacanes y guadua. La respuesta, lejos de tranquilizar, confirma que la “matanza” de árboles no es reciente, sino una práctica sostenida durante años, tolerada y avalada por la autoridad ambiental.
El ciudadano denunciante solicitó en su derecho de petición copia de los documentos que soportan esos permisos, con el fin de verificar su legalidad. La respuesta del funcionario de la CRQ fue una maniobra clásica de obstrucción disfrazada de formalismo administrativo: “…frente a la solicitud de copias de los documentos contenidos en los expedientes antes relacionados, se informa que dicho trámite debe adelantarse de manera presencial…”. En otras palabras, si quiere conocer la verdad, debe pagar las copias y desplazarse físicamente, aun cuando el ciudadano reside en Medellín. Un requisito que no busca informar, sino desincentivar y cerrar el acceso a la documentación.
Pero la respuesta no se queda ahí. Para rematar, el funcionario agrega: “…se informa que, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental de esta entidad, los documentos correspondientes a permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal cuentan con un tiempo de retención (1) año en el archivo de gestión y nueve (9) año en el archivo central; en consecuencia, aquellos expedientes que hayan cumplido dicho término pudieron haber sido eliminados en su totalidad”. Es decir, primero se exige presencia física y pago por copias; luego se advierte que los documentos podrían no existir porque fueron eliminados.
La contradicción es evidente y grave. ¿Cómo se le exige a un ciudadano pagar y desplazarse para obtener documentos que, al mismo tiempo, podrían haber sido destruidos? La conclusión lógica debe de preocupar a las autoridades de control: esos expedientes no están disponibles, o nunca estuvieron completos, o simplemente ya no existen. Y cuando los documentos desaparecen, lo que queda es la sospecha fundada de que se pretende ocultar prácticas que atentan contra el interés público y la ética ambiental.
Esta respuesta de la CRQ no solo evade la responsabilidad de esclarecer una tala de árboles nativos; también demuestra cómo la burocracia se utiliza como una herramienta para diluir la verdad y desalentar la vigilancia ciudadana. En lugar de garantizar transparencia, la autoridad ambiental se escuda en trámites, costos y vacíos documentales para proteger a los mismos de siempre.
La conclusión: mientras la CRQ siga funcionando como una oficina al servicio de los poderosos, la protección del medio ambiente en el Quindío será una ficción conveniente. Los árboles seguirán cayendo, los expedientes seguirán desapareciendo y la ciudadanía seguirá recibiendo respuestas diseñadas no para informar, sino para cansar y silenciar. Y cuando la autoridad encargada de cuidar la naturaleza actúa así, el verdadero daño ambiental no es solo ecológico, sino profundamente institucional.
