En cada contienda electoral, la seguridad vuelve a ocupar el centro del debate público. Desde las plazas locales hasta los escenarios nacionales, los aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado repiten promesas que apelan al miedo legítimo de una ciudadanía cansada de la criminalidad, la extorsión y la presencia irregular del Estado en amplios territorios. Sin embargo, la reiteración de discursos no ha sido suficiente para transformar realidades. La pregunta de fondo no es quién promete más, sino quién está dispuesto a construir una estrategia de largo aliento que trascienda periodos de gobierno y cálculos electorales.
Los recientes hechos de una operación de intervención internacional en territorio venezolano dejaron una lección clara en el escenario geopolítico: Cuando un gobierno actúa con convicción, coordinación institucional y voluntad política, puede recomponer el orden, defender libertades y proyectar autoridad democrática, esto, sin extrapolar modelos ni cruzar límites que conduzcan a regímenes autoritarios, donde el mensaje resulta pertinente para Colombia. La seguridad se construye con Estado, con reglas claras y con instituciones al servicio de la ciudadanía.
Un congresista, por sí solo, no tiene la capacidad de cambiar el rumbo de la seguridad nacional. Pero sí puede incidir en la creación de políticas públicas coherentes, en la asignación responsable de recursos y en el control político efectivo sobre las entidades encargadas de proteger a la población. Desde su curul, un representante regional puede convertirse en la voz de los territorios olvidados, llevar las necesidades locales al centro del debate nacional y fortalecer la presencia del Estado donde hoy predominan el miedo y la informalidad armada.
Colombia ha vivido ciclos de avances y retrocesos. En distintos momentos, el Estado logró recuperar control territorial y enviar señales claras de autoridad democrática. Sin embargo, la traición política, la falta de continuidad y el péndulo ideológico, han debilitado esos logros. La seguridad no puede seguir siendo un proyecto de gobierno; debe consolidarse como una política de Estado, blindada frente a la improvisación y los intereses particulares.
El desafío es complejo. La criminalidad se alimenta de economías ilegales, corrupción institucional, desigualdad social y ausencia de oportunidades. Enfrentarla implica asumir costos políticos, romper redes de complicidad y sostener decisiones firmes cuando sea necesario. Requiere respaldo real a las instituciones, no solo en comunicados simbólicos, sino en reformas jurídicas, fortalecimiento presupuestal y protección efectiva para quienes arriesgan su vida en defensa del orden constitucional.
En ese horizonte común, creemos en las oportunidades para todos, en el invaluable aporte de los empresarios y en la generación de empleo como base de una paz cotidiana que se siente en la mesa del hogar y en la dignidad del trabajo.
De cara a estas elecciones, la ciudadanía tiene la responsabilidad de exigir algo más que consignas. Es momento de preguntar ¿cómo?, ¿con quiénes? y ¿con qué recursos?, se pretende recuperar la seguridad en cada región. Colombia necesita liderazgos que desde su curul defiendan la institucionalidad, representen con firmeza a sus territorios y protejan a los ciudadanos por encima de cualquier interés personal, convencidos de que el orden, la libertad y el progreso no son promesas de campaña, sino tareas colectivas de toda una nación.
*Máster en Gestión de Riesgos. Especialista en Seguridad.
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