La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente para 2026 con un incremento del 23 %. La Asociación considera que la decisión desbordó los parámetros constitucionales y legales que regulan esta competencia subsidiaria del Ejecutivo.
La acción judicial fue interpuesta por Asocapitales, entidad que agrupa a las 32 ciudades capitales de Colombia, y se fundamenta en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que permite solicitar la nulidad de actos administrativos de carácter general en cualquier tiempo.
En la demanda, Asocapitales aclara que su pretensión no cuestiona la finalidad social del salario mínimo ni sustituye el debate económico o político, sino que se centra en un control estrictamente jurídico sobre la forma en que el Gobierno ejerció su facultad supletoria para fijar el incremento, tras el fracaso de la concertación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Según el documento, la competencia del Gobierno para fijar el salario mínimo por decreto es subsidiaria y debe ejercerse conforme a los parámetros definidos en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996, interpretado bajo el condicionamiento constitucional fijado por la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional.
El núcleo del argumento jurídico señala que el Decreto 1469 de 2025 sustituyó los parámetros legales obligatorios —inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional, crecimiento del PIB e IPC— por un criterio autónomo no previsto por el Legislador: la reducción de una brecha frente a un denominado “salario mínimo vital” estimado a partir de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual no fue publicado ni sometido a verificación pública.
La Asociación informó que hará seguimiento al trámite judicial y reiteró que el debate planteado busca preservar el Estado de derecho, la seguridad jurídica y el equilibrio entre la política salarial y la sostenibilidad fiscal territorial.
