La entrada: “Ama la vida, porque es el único regalo que no se da dos veces”. (D.R.A.)
1.- TERMINANDO Y EMPEZANDO.
Cumpliendo los ciclos de la vida, donde todo empieza y todo termina y vuelve a empezar, terminamos el lunes anterior el período llamado de vacaciones de fin de año, donde con la navidad en cualquier parte del país, se vive con inmensa alegría, por el alumbrado, por las novenas, por los aguinaldos, por el encuentro con los amigos, por la alegría que todo eso irradia, por el año nuevo, y por el deseo de un año próximo bueno. Y empezamos el nuevo año llenos de ilusión, con nuevos proyectos, remarcados propósitos y anunciadas visitas. Esas visitas están a la vuelta de la esquina: el 18 de febrero, dentro de 36 días los católicos estaremos en la aplicación de la santa ceniza, y 40 días después, empieza la semana santa católica el domingo 30 de marzo. Y muchos de los que despedimos ayer, regresarán al Quindío, tierra que en diciembre y en navidad se llenó de alegría, de colores, de carros y de amigos. Pero tres semanas antes, 8 de marzo, estaremos eligiendo los tres representantes a la cámara y los Senadores que la ley ordena al Quindío, y debemos elegir bien.
2.- PEAJES LEVANTANDO LA VARA.
La anunciada noticia del presidente Petro de ir recogiendo los peajes que han estado concesionados y entregarlos al Invías para darles un manejo gubernamental, ha llenado de alegría a muchos sectores del eje cafetero, teniendo en cuenta que nos cubren siete peajes, y que para comunicarnos entre departamentos, tenemos que contribuir más impuestos, solo que a estos impuestos los llaman “peajes”.
Si es cierto que los concesionarios deben entregar los peajes, seguramente quedarán muchas obras sin haber sido satisfechas por los actuales manejadores del peaje, peaje que debería llamarse “Filandia”. Se llama de “Circasia”, porque en la fecha de iniciación del peaje, la primera caseta que montaron los concesionarios fue en jurisdicción de Circasia, donde pudieran cobrar peaje para los que salían e ingresaban de Circasia, y para los que se desplazaban del Quindío hacia Salento, Filandia y Pereira. Cuando “Osbaldo” Morales candidato a la alcaldía de Circasia, tomó como bandera de campaña el desmonte de la caseta, reuniendo a todo Circasia en ese punto, entonces se acordó correr esa caseta tres kilómetros adelante de Filandia, y así los habitantes de Circasia, Salento y Filandia no tendrían que pagar el peaje. Y con esa protesta de campaña, “Osbaldo” fue elegido alcalde 1998 – 2001, pero la caseta y el peaje siguieron con el nombre de Circasia porque con ese nombre había sido firmado el contrato de concesión. Para poder obtener la concesión, el beneficiario hizo muchas promesas de obras, algunas de ellas no iniciadas y otras no terminadas. Aún así, el gobierno anuncia que tomará la administración del peaje, fecha que no se conoce, pero que hay que decirlo sinceramente, mucho alegraría si no lo cobra, o por lo menos rebaja valor al cobro, que se reconoce como uno de los más caros del país.
3.- ENRIQUE PEÑALOSA, TAMBIÉN.
Por muchos años, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá ha querido ser presidente de la República, sin haber logrado su propósito, pese a que se ha presentado a ese cargo en dos ocasiones, y también ha sido elegido alcalde de Bogotá en dos ocasiones, con resultados satisfactorios. Ahora llega a su tercer intento presidencial, al obtener el aval del partido Oxígeno, y con ese permiso se presentará en el grupo denominado “la gran consulta”, a rivalizar con otros aspirantes con marcada fuerza electoral.
Mucho tendrá que trabajar para la escogencia del 8 de marzo, donde se enfrentará a rivales de gran talla, entre ellos Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, el exsenador Juan Manuel Galán, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, y los exministros Mauricio Cárdenas y David Luna. De ellos saldrá un aspirante único que espera hacerle frente al candidato del petrismo, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro.
4.- REVIVEN EL COMPUTADOR DE REYES CONTRA MADURO.
El computador de Raúl Reyes: la prueba clave contra Nicolás Maduro que Colombia ignoró.
La evidencia obtenida tras la Operación Fénix, desarrollada el 1 de marzo de 2008 por las Fuerzas Militares de Colombia en territorio ecuatoriano, ha adquirido un nuevo protagonismo judicial en el marco del proceso penal que enfrenta el presidente venezolano Nicolás Maduro en cortes estadounidenses.
El allanamiento ejecutado en el campamento del entonces miembro del Secretariado de las Farc, Luis Edgar Devia Silva, conocido como alias Raúl Reyes, derivó en la incautación de tres computadores, dos discos duros y dispositivos de almacenamiento externo que contenían cientos de archivos, incluyendo correos electrónicos, comunicaciones internas y documentos financieros.
Estos elementos, que durante años permanecieron archivados en Colombia sin mayores consecuencias judiciales, se han convertido en insumo principal de la acusación por narcoterrorismo impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Maduro.
La relevancia de esta evidencia contrasta con su escasa utilización en procesos nacionales, como el caso de la llamada ‘farcpolítica’, archivado en 2011 por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Penal del alto tribunal declaró entonces que la obtención de los equipos vulneró normas de legalidad en la recolección de pruebas, impidiendo su validez dentro del sistema judicial colombiano.
El expediente archivado contenía referencias a figuras políticas nacionales e internacionales, incluyendo comunicaciones que involucraban al gobierno venezolano de la época y, específicamente, a su entonces canciller, Nicolás Maduro.
Uno de los correos descifrados, según reseñas periodísticas de la época, mencionaba expresamente la disposición del gobierno venezolano para proporcionar recursos y brindar protección a la guerrilla de las Farc.
A pesar de que la justicia colombiana se abstuvo de desarrollar investigaciones basadas en estos hallazgos, el entonces director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, gestionó la validación internacional del material incautado.
Solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) un análisis técnico que confirmó la integridad de los archivos durante toda la cadena de custodia.
Esta certificación ha sido uno de los soportes centrales de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en su caso contra Maduro.
Las agencias de seguridad estadounidenses complementaron esta evidencia con datos obtenidos posteriormente durante otras operaciones como la denominada Operación Sodoma, desarrollada en 2010, en la que también se decomisaron archivos de comunicaciones internas de las Farc.
Además, testimonios provenientes de investigaciones contra narcotraficantes, desmovilizados y exfuncionarios del Estado venezolano han sido incorporados al expediente.
Uno de los hitos que consolidó el valor probatorio de estos archivos fue la captura, en 2012, de Daniel Barrera Barrera, alias ‘el Loco Barrera’, narcotraficante vinculado con la estructura financiera de las Farc.
Su detención permitió identificar flujos de dinero operados con el amparo de sectores del Estado venezolano. De igual forma, el seguimiento en tiempo real a movimientos de Iván Márquez —miembro del antiguo Secretariado— en territorio venezolano, corroboró la vigencia de los nexos entre el grupo insurgente y autoridades de ese país.
A esta red de colaboración entre las Farc y el chavismo se sumaron figuras clave como el general Clíver Alcalá Cordones y el exjefe de inteligencia militar Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, quienes posteriormente fueron extraditados y accedieron a declarar ante fiscales estadounidenses.
Sus testimonios han permitido ampliar el panorama sobre los mecanismos de apoyo logístico y financiero entre ambas estructuras, incluyendo supuestos movimientos de armas, protección territorial y coordinación en actividades ilícitas.
En el contexto colombiano, el uso de esta información ha estado limitado por las condiciones del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.
El sometimiento de los exintegrantes de la antigua guerrilla a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impide reabrir procesos penales por los mismos hechos, siempre que las personas cobijadas por esa jurisdicción cumplan con sus compromisos judiciales.
No obstante, las autoridades nacionales aún pueden investigar a ciudadanos no acogidos por dicho sistema o colaborar con instancias judiciales extranjeras a través de canales de cooperación internacional.
En declaraciones a medios nacionales, el general Naranjo lamentó la inacción judicial del Estado colombiano frente a las implicaciones del contenido de los computadores de Reyes.
Señaló que, si bien se logró preservar el valor probatorio ante agencias extranjeras, persiste una omisión en la jurisdicción interna respecto a esclarecer vínculos políticos y financieros documentados en los dispositivos incautados.
El nombre de Piedad Córdoba, entonces congresista y figura visible en procesos de intermediación humanitaria con las Farc, aparece en varios de los correos analizados. Firmando en ocasiones con el alias ‘Teodora’, la dirigente fue relacionada con el contenido, aunque siempre negó haber cometido delitos y calificó las investigaciones en su contra como retaliaciones políticas.
En 2021, mientras Carvajal permanecía detenido en España en espera de una decisión sobre su extradición a Estados Unidos, emitió un documento en el que afirmaba que el gobierno de Hugo Chávez habría financiado a diversos movimientos políticos de izquierda en América Latina durante más de una década.
Entre los nombres incluidos en ese testimonio figuraba el del actual presidente colombiano Gustavo Petro, quien negó las afirmaciones y solicitó públicamente una investigación formal para esclarecer los hechos.
Otro elemento con implicaciones en el caso fue la detención y extradición del empresario Alex Saab, acusado de actuar como intermediario financiero del gobierno venezolano. Saab fue capturado en 2020 y trasladado a Estados Unidos, aunque fue liberado en 2023 tras una decisión política del gobierno estadounidense.
Pese a que su testimonio podría haber contribuido a clarificar rutas de financiamiento entre Venezuela y otros países, su proceso judicial concluyó sin mayores revelaciones públicas.
La documentación extraída del computador de alias Raúl Reyes, integrada a estos hechos y testimonios posteriores, ha constituido la columna vertebral de las acusaciones por narcotráfico, conspiración y colaboración con grupos terroristas que pesan hoy sobre Nicolás Maduro.
Mientras el expediente avanza en tribunales del hemisferio norte, en Colombia no existen decisiones que hayan retomado o reinterpretado las implicaciones de los mismos archivos.
A más de quince años de la Operación Fénix, los dispositivos electrónicos hallados en Angostura continúan generando efectos judiciales fuera del país, sin que se haya producido un pronunciamiento institucional en Colombia que responda al uso internacional de dicha información.
(Tomado de Agenciapi de noticias, “agencia de periodismo investigativo”, Colombia).
Aporte de los lectores: Frase de un médico en un mensaje: “Perdona nuestra letra, así como nosotros perdonamos a los que se automedican”. (P.Ríos).
