El primer gobierno de izquierda en Colombia fue elegido por las banderas de la lucha contra la corrupción y la impunidad, la paz y las reformas sociales. El presidente Petro con más de 20 años de experiencia en el Congreso de la República sabía que el poder legislativo es un órgano extorsivo, que aprueba leyes y reformas a cambio de puestos, contratos o dinero.
Siempre lo ha hecho con gobiernos de derecha. Pero no lo haría con un gobernante de izquierda al que odian porque no es de su clase y denunció la corrupción y la narcoparapolitica. Lo utilizarían para dejarlo con el pecado y sin el género. Como en efecto ocurrió. Ante la extorsión de los congresistas, los funcionarios del gobierno tenían la obligación de presentar la denuncia ante la fiscalía.
Ese no era el camino para lograr aprobar las reformas sociales. Era a través de los mecanismos de participación ciudadana, convocando a una asamblea constituyente o un referendo, para que el constituyente primario las aprobara en las urnas. Pero eligió el camino equivocado. Se arrepentirá toda la vida.
También, era conocedor que existía un narcoestado, un régimen de componendas y complicidades para tomarse el poder, obtener enriquecimiento ilícito y disfrutar de impunidad. Que el entramado de corrupción esta organizado en todos los poderes del Estado y organismos de control y electorales.
Que la corrupción es una practica sistémica, sistemática y generalizada que mantiene a Colombia en el subdesarrollo y con las mayores concentraciones de la riqueza y mayor desigualdad. Donde la mitad de la población vive en la pobreza o la miseria. Este es el resultado de la degradación moral y de la pérdida de valores.
El escandalo de corrupción en la UNGRD es injustificable, imperdonable. La presidente sabia, se lo advirtieron y no hizo nada. Seguir promoviendo el clientelismo e incurrir delitos de cohecho, concierto para delinquir y celebración indebida de contratos, no es ingenuidad, es temeridad. Fue un error garrafal que empaña los avances sociales, a pesar de la férrea oposición del establecimiento.
Hasta hoy los exministros de Hacienda y del Interior y 3 altos funcionarios del gobierno están en la cárcel y 2 directores de entidades nacionales están prófugos de la justicia. Y el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González disfrutando de asilo y fiestas en Nicaragua, gracias a la vergonzosa cancillería.
Además, están en la cárcel los presidentes del senado y la cámara, a los que les entregaron maletas con 3 mil y un mil millones de pesos respectivamente. La misma suerte correrán 15 congresistas investigados por los mismos hechos, porque recibieron contratos por decenas de mies de millones de pesos. Solo los salva el Cartel de la Toga.
Ante este enorme entramado de corrupción, la reacción del presidente ha sido errática. En vez de evadir responsabilidades, debió asumirlas; porque fue quien nombró a amigos que resultaron corruptos. No debió minimizar, ni relativizar los hechos, ni excusar a su amigo Bonilla por ingenuidad. Debió reconocer la gravedad de los hechos que implosionaron la credibilidad en el gobierno.
Como jefe de Estado está en la obligación de pedir perdón a todos los colombianos y en especial a los que confiaron en sus promesas de cambio. No debe descalificar a la justicia por politizada-en lo que tiene razón-; debe exigirle que aplique el mismo rasero y sanciones ejemplarizante con cárcel intramural a todos los corruptos de su gobierno y de gobiernos anteriores. Porque no tiene justificación que la exministra Karen Abudinem, y los exdirectores del DPS, la SAE, la UNGRD que participaron de casos de corrupción como el Cartel de las Marionetas y la compra de mercados, kits de protección y vacunas con sobrecostos durante la pandemia estén, libres y disfrutando de dineros ilícitos.
Adicionalmente, debe destituir y no reubicar a Oscar Muñoz encargado de negocios en Nicaragua. Y destituir a todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que le han colaborado al delincuente Carlos Ramon González para que eluda la justicia y se burle de los colombianos.
