El año judicial que termina ha tenido una actividad constante. Los pronunciamientos de las altas cortes sobre diferentes actuaciones del gobierno han estado a la orden del día. La suspensión de Decretos, las tutelas por pronunciamientos presidenciales y hasta la posesión de magistrados sin el ejecutivo fueron temas de noticia en la agenda del 2025.
La reciente medida de aseguramiento a los ex ministros de Hacienda y el Interior por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se une a esta demostración de independencia y de funcionamiento de la institucionalidad. Los argumentos presentados por las partes en sede de control de garantías estaban orientados a una detención domiciliaria y al incumplimiento de requisitos para esta determinación. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá fue, tal vez, más allá de lo solicitado y decidió remitir a los otrora altos funcionarios a establecimientos carcelarios.
El mundo jurídico aún discierne la tesis judicial, por cuanto la regla general en un Estado de Derecho es que una persona pueda defenderse en libertad. No es usual que el juzgador trascienda, al menos en la forma, lo demando por el órgano de acusación penal y menos que utilice referentes extra procesales como la fuga de los señores Carlos Ramón González y Cesar Manrique Socha. El auto emitido en sala unitaria fue apelado.
Sin embargo, los problemas del ejecutivo no terminan con las revelaciones de Olmedo López y compañía. La directora del Departamento Administrativo de la Función Pública viene acusando a representante legal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de actos corruptos y éste, a su vez, se defiende con el actual ministro del interior. El doctor Benedetti, por su parte, solicita la suspensión disciplinaria de una magistrada por extralimitación de funciones y hace acusaciones de grueso calibre contra el ex jefe de la DIAN.
Todos estos problemas de coordinación institucional y presuntas afrentas a la moralidad pública saltan a los ojos del país sin que el jefe de Estado emita comentario alguno. La falta de liderazgo no se nota en la prudencia, sino en la ausencia de un llamado al orden a su equipo y en el ejercicio adecuado de los controles administrativos para que no aflore una agenda independiente, autónoma, sin coordinación y contrapesos de sus principales alfiles.
Esta omisión tiene una visión destacable que pasa por la no injerencia del ex senador Petro en la justicia. Sin embargo, este decoro no puede ser equivalente a una anarquía administrativa, máxime cuando se puede resaltar la estabilidad económica de la Nación. El cierre del actual periodo constitucional debiera ser un tiempo que se aproveche para la culminación de diferentes proyectos que queden como legado social y de transformación económica.
Siguiendo con el frente judicial, la Fiscalía anunció imputación contra el ex canciller Leyva por el tema de los pasaportes. La judicialización del político no pareciera justificarse, en tanto ya fue sancionado drásticamente por la Procuraduría. El inicio de un proceso penal tardío cuando han operado otros mecanismos punitivos también es tema de café para los juristas en navidad. No obstante, la justicia está operando.
Finalmente, el pliego de cargos en contra del ministro de salud y el inicio de un desacato por parte de la Corte Constitucional hace de esta radiografía una verdadera crisis. Algunos de los actores centrales del ejecutivo están en los estrados por diferentes causas, entre tanto, la reforma al sistema fue transitoriamente archivada. La justicia actúa y su balance al finalizar año es destacado.
