El control de constitucionalidad del Decreto proferido por el gobierno nacional para la realización de una consulta popular se está convirtiendo en una tormenta judicial. Inicialmente, el Consejo de Estado asumió la competencia para conocer en legalidad los fundamentos de este acto del ejecutivo. En forma oportuna la alta corporación suspendió los efectos de la determinación oficial y ulteriormente la misma fue derogada por el presidente.
Sin embargo, el daño jurídico realizado por la presión gubernamental para la aprobación de la reforma laboral aun se siente en el equilibrio de poderes. El jefe de Estado, en una particular interpretación de su ex ministro de justicia, convocó a una consulta popular sin el visto bueno del legislativo. La confusión entre ineficacia e invalidez de actos jurídicos provocó que una singular discusión hiciera carrera en todos los foros públicos.
La rama judicial de manera oportuna controló la situación, por cuanto ya se estaba presionando a la Registraduría para una elección anticipada. Todo era una cuestión demagógica para que el Capitolio accediera a la iniciativa legislativa. El Consejo de Estado oyó el clamor colectivo y dejó sin efectos transitorios la medida.
No obstante, también otras demandas fueron radicadas en la Corte Constitucional. El numeral 2 del artículo 241 de la Constitución prevé que la Corte conoce sobre la exequibilidad de las “consultas populares” por cuestiones de forma. Esta prerrogativa, desde el comienzo, gestó un foro jurídico sobre el juez natural del “decretazo”. En un primer momento se dijo que era el Consejo de Estado, tesis que compartimos en esta columna.
El Magistrado Héctor Carvajal, ex abogado del presidente Petro, bajo este prisma jurídico rechazó diferentes demandas aduciendo la falta de competencia y la carencia actual de objeto. El jurista que tomaba esta determinación generó polémica por su cercanía con el ex senador, lo que no significa que su tesis fuera desacertada. La competencia en este asunto no puede ser concurrente entre dos sedes judiciales diferentes.
La Sala Plena del Consejo de Estado en decisión de la semana que termina revocó el rechazo a los actos iniciales y ordenó su trámite en los términos del Decreto 2067 de 1991. La motivación del cambio en el sentido procesal generó muchas dudas y ambigüedades. La Corte no desestimó al Consejo de Estado como órgano judicial en este caso, pero indicó que también ella tenía capacidad para pronunciarse de fondo alrededor de la constitucionalidad del procedimiento por su carácter complejo. Esta regla singular recrea interrogantes que pueden conllevar a yerros en el debido proceso y hasta inseguridad jurídica.
El principio de juez natural se ve afectado porque solo un juez puede discernir si un acto del ejecutivo es constitucional o no. La Corte, en este evento, debe plantear un precedente alrededor de si los actos previos a la convocatoria a un mecanismo de participación ciudadana como éste deben ser justiciados ante su recinto. En ese supuesto la competencia residual del Consejo de Estado se debe excluir por la especialidad temática. Nuevamente, la comunidad jurídica estará a la espera del lineamiento del guardián constitucional.
La seguridad jurídica implicaría, por el momento, que la posibilidad de demandar actos administrativos relativos a estas herramientas participación ciudadana sería discrecional del actor respecto a un proceso de constitucionalidad o de legalidad. Las implicaciones de uno u otro trámite no son las mismas. Por ello, apremia que haya coherencia entre las decisiones de las Altas Cortes para que no suceda lo mismo que con la sanción disciplinaria de servidores públicos electos por voto popular.
Adicional: La inesperada muerte del doctor Oscar Arbeláez Londoño aún se siente en todos sus amigos, familia y seres queridos. El don de gente del jurista y su calidez son dignas de recuerdo tanto en la tierra como en el cielo. Paz en su tumba y mi gratitud, cariño y acompañamiento a María Victoria y toda su familia.
