«Las sombras gobiernan cuando la luz se acostumbra a agachar la cabeza.»
G. García Márquez
José Gustavo Hernández Castaño (*)
Colombia atraviesa una tragedia silenciosa que pocos se atreven a nombrar: el Estado ya no se gobierna desde los salones de mármol, ni desde los despachos presidenciales, ni desde las oficinas donde deberían residir la transparencia y la razón pública. El poder real —el que ordena, sanciona, premia, castiga, protege y captura— se ha escurrido como agua hacia las grietas más oscuras del sistema, hasta instalarse en lugares donde la democracia no tiene ojos. Es un poder sin cargo, sin foto oficial, sin urna. Un poder clandestino que dejó al Estado como rehén de operadores políticos, intermediarios anónimos, contratistas todopoderosos y administradores de nóminas paralelas que terminan mandando más que los gobernantes elegidos, más que los alcaldes.
Este es el verdadero golpe institucional del siglo XXI: no lo dan los tanques; lo dan los contratos, lo dan las OPS. Las armas ya no son fusiles sino contratos; los ejércitos ya no llevan camuflado sino carnés temporales; la disciplina ya no se exige con violencia directa, sino con la precariedad calculada que dobla espaldas y silencia conciencias.
Esta afirmación puede sonar literaria, pero está sostenida por décadas de evidencia que los investigadores del poder oculto en Colombia han documentado con precisión quirúrgica.
Fabio Castillo, en “Los jinetes de la cocaína”, mostró cómo el narco capitalismo enseñó a las élites a infiltrar instituciones sin capturarlas formalmente. Reveló cómo el dinero ilegal no buscó el Estado: lo compró. Olga Behar en “Los 12 apóstoles” mostró cómo pequeños grupos armados y élites locales construyeron redes de obediencia invisibles. Sergio Mesa en “El Apóstol Santiago” explicó cómo esos grupos operaron como ejércitos privados de élites regionales. Explicó cómo las estructuras paramilitares aprendieron que el control político es más rentable que el militar. Iván Cepeda “En las sendas del Ubérrimo”, demostró que el para estado territorial se consolidó desde la sombra, colonizando alcaldías, gobernaciones y burocracias dóciles y nóminas compradas. Y León Valencia en “La sombra del presidente”, demostró cómo el uribismo convirtió esa arquitectura territorial en hegemonía nacional. Dejó al descubierto cómo la alianza entre actores ilegales, élites locales y burocracias dóciles se convirtió en un modelo de poder que trascendió la violencia y se instaló en la política.
Y la historia acaba de confirmar a estos autores.
Hace menos de una semana, Colombia conoció la noticia que parecía imposible décadas atrás: la condena contra Santiago Uribe Vélez por la creación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”. Treinta años después de los hechos. Treinta años después de denuncias persistentes. Treinta años después de que la justicia —la misma que debía proteger a los ciudadanos— actuara como si fuera sorda, ciega y muda.
Los libros que muchos dijeron que eran exagerados, “sesgados”, “novelescos”, quedaron reivindicados por una sentencia tardía pero contundente.
Treinta años. Treinta años para que lo evidente se volviera judicial. Treinta años para que el país aceptara que no eran rumores, que no eran invenciones, que no eran conspiraciones: que era poder en la sombra actuando como Estado sustituto.
Y esa justicia lenta, dolorosamente lenta, es hoy un espejo para el Quindío. Porque aquí —en este pequeño territorio donde todo parece tranquilo— se repite la arquitectura que los cinco autores denunciaron. La misma Alcaldía, un solo edificio, alberga dos gobiernos simultáneos: el alcalde elegido por el pueblo y el gobernante en la sombra que dicta órdenes desde oficinas, pasillos, reuniones discretas o llamadas que nunca quedan registradas.
No son dos edificios: es uno. Es la misma dirección. Son los mismos ascensores. Pero dentro habitan dos voluntades:
- una visible y otra clandestina.
- una que manda y otra que obedece, sin chistar.
- Una firma. La otra decide qué se firma.
- Una gobierna en el papel. La otra gobierna en la realidad.
El Quindío vive un proceso de privatización del Estado sin ley, sin reforma, sin debate: empresas privadas capturan servicios públicos; operadores controlan salud, educación, seguridad, tránsito; fundaciones intermediarias manejan el empleo; cooperativas dirigen la asistencia social; ONG satélite actúan como extensiones del poder.
Y detrás de cada contrato, de cada convenio, de cada OPS, aparece la figura silenciosa del operador político: un titiritero sin cargo que domina el territorio como si fuera su hacienda moderna.
Los concejos municipales, en teoría espacios de deliberación democrática, se han transformado en escenarios donde el debate es una escenografía y las decisiones se pactan antes de que el presidente del concejo toque el martillo o la campanilla. Un concejal que se atreve a cuestionar pierde burocracia, es amenazado o puede perder la vida; un secretario independiente pierde el puesto; un alcalde que se resiste pierde la gobernabilidad.
La sombra no necesita armas, pero no está desprovista de su espectro. No intimida solo con contratos; intimida con la presunción de consecuencias. No amenaza directamente; deja que hable el silencio. No requiere violencia explícita; basta con la memoria local de que hay líneas que no se cruzan. No acalla opositores con balas (aparentemente); los aísla, los margina, los condena a la irrelevancia o al desempleo.
El poder paralelo es más eficiente que el miedo físico: es el miedo social. Y ese miedo —como la sombra— no se puede fotografiar, pero se siente.
Lo que pasó con Santiago Uribe Vélez no es un episodio aislado: es el retrato de un país que dejó crecer la sombra hasta que la sombra se convirtió en Estado. Un país donde los órganos de control fueron, durante décadas, espectadores complacientes o cómplices silenciosos. Un país donde la justicia llegó, pero llegó tarde. Tan tarde que muchas víctimas no pudieron verla.
Por eso el Quindío debe reclamar —desde ahora, sin rodeos y sin miedo— que no tengamos que esperar treinta años para que se ilumine lo que hoy se sabe, lo que hoy se murmura, lo que hoy se presiente. Que la justicia no llegue cuando ya no importe. Que la verdad no sea un fósil. Que el Estado no tenga que tardar generaciones para reconocer lo que todo el mundo vio desde el principio.
El Quindío no puede permitirse el lujo de repetir la historia trágica de Colombia:
No podemos esperar treinta años para que un juez reconozca lo que la ciudadanía ya entiende hoy.
No podemos esperar treinta años para que se investigue al poder en la sombra.
No podemos esperar treinta años para que se actúe donde todos sospechan que se debe actuar.
Los libros de Castillo, Behar, Mesa, Cepeda y Valencia son advertencias, no epitafios. Son radiografías del ayer que sirven para evitar que mañana volvamos a preguntar, con rabia y vergüenza:
¿Cómo dejamos que esto pasara frente a nuestros ojos?
Porque cada vez que el Estado deja que la sombra gobierne, la democracia pierde un pedazo de alma. Y cada vez que la justicia llega tarde, la sombra se hace más grande. El Quindío no necesita esperar tres décadas para encender la luz.
La necesita hoy.
Espere en próximos artículos: un mar de contratos
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral.
E-mail: [email protected]
