La Universidad del Quindío deberá hacer los nombramientos en propiedad de la carrera especial administrativa antes de 2028, en cumplimiento de un fallo emitido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia. La decisión, de carácter obligatorio, fija plazos y condiciones claras para garantizar la materialización de los derechos laborales y la transparencia en el acceso y permanencia en el empleo público.
La decisión fue asumida por el Juzgado el pasado 6 de noviembre, tras una orden del Tribunal Administrativo del Quindío que acogió una tutela de la dirección de la Universidad del Quindío de amparar el derecho al debido proceso, ordenándole emitir un nuevo pronunciamiento exponiendo en debida forma las razones que permitan descartar o aceptar la propuesta jurídica, técnica y financiera de la UQ, expuesta en la tutela mencionada.
El Juzgado atendió la petición del Tribunal y declaró, el 6 de noviembre pasado, no reponer la providencia del 23 de septiembre de 2024 que negó la solicitud de la Universidad para ampliar el cronograma de concursos hasta 2035. El fallo mantiene el plazo máximo de cumplimiento dispuesto por el juzgado: la vigencia 2028 es el límite para surtir las etapas necesarias y acreditar los nombramientos en propiedad ordenados por sentencia.
Igualmente, el Juzgado rechazó la propuesta jurídica-técnica y financiera presentada por la Universidad al considerar que carece de soporte probatorio suficiente sobre afectación real a la acreditación, curva de aprendizaje y proyecciones presupuestales. Además, advirtió ausencia de estados financieros y de identificación clara de certificados presupuestales ejecutados.
La historia de un fallo histórico:
En 2013, el Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos de la Universidad del Quindío (SINTRAADMIN) decidió acudir a la justicia para exigir mediante una acción de cumplimiento de una decisión del Consejo Superior de la institución: la implementación de la carrera especial administrativa, concebida para surtir los 259 cargos que existían en ese momento. La acción derivó en una providencia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, emitida el 21 de junio de ese mismo año, en la que se ordenó a la Universidad adelantar con prontitud los concursos públicos y fijó como plazo máximo el 30 de junio de 2014. Sin embargo, más de una década después, el proceso avanza con lentitud, ya que la alta administración ha realizado diferentes acciones para alargar en el tiempo el cumplimiento del total fallo, y lograr un cierre definitivo con los nombramientos en propiedad en cargos de carrera especial administrativa para los empleados.
A once años de la orden judicial, la institución sigue sin cumplir con las apropiaciones presupuestales exigidas por la sentencia. La planta de personal de la entidad ha crecido sin justificación ante el despacho judicial, según datos oficiales. Solo hasta el año 2021 comenzaron a adelantarse concursos públicos de méritos para proveer vacantes y ascensos en la planta administrativa.
En la vigencia 2021, se realizó una convocatoria pública para cubrir 21 empleos vacantes, todos suplidos mediante concurso abierto. Sin embargo, el concurso de ascenso para 9 plazas fue declarado desierto. Para la vigencia 2022, se convocaron 14 vacantes y 6 plazas de ascenso. Los 14 cargos fueron provistos en su totalidad mediante concurso público abierto, mientras que solo uno de los ascensos se concretó. Los cinco restantes fueron declarados desiertos mediante la Resolución de Rectoría 10652 del 19 de enero de 2023.
En la vigencia 2023, se abrió convocatoria para 14 vacantes y 6 plazas de ascenso. Los 14 cargos fueron suplidos mediante concurso público abierto y únicamente dos plazas de ascenso se adjudicaron. Las cuatro restantes fueron declaradas desiertas mediante la Resolución de Rectoría 12792 del 30 de abril de 2024.
Pese a estos avances en la provisión de cargos, la institución no ha realizado las apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a la sentencia judicial, la cual constituye el soporte legal para los movimientos presupuestales requeridos, según denuncia de SINTRAADMIN.
En resumen, el fallo mantiene el plazo máximo de cumplimiento dispuesto por el juzgado: la vigencia 2028 es el límite para surtir las etapas necesarias y acreditar los nombramientos en propiedad ordenados por sentencia. El Juzgado también rechazó la propuesta jurídica-técnica y financiera presentada por la Universidad al considerar que carece de soporte probatorio suficiente sobre afectación real a la acreditación, curva de aprendizaje y proyecciones presupuestales. Además, advirtió ausencia de estados financieros y de identificación clara de certificados presupuestales ejecutados.
En otros términos, El fallo mantiene como plazo máximo la vigencia 2028 para surtir las etapas necesarias y acreditar los nombramientos en propiedad. La Universidad del Quindío deberá iniciar de inmediato las apropiaciones presupuestales que respalden el proceso, con el fin de demostrar el cierre definitivo de un litigio que se extiende desde hace más de once años.
