Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
En el Quindío hay una verdad que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos murmuran en los pasillos: los dos edificios del poder —la Gobernación y la Alcaldía de Armenia— no votan, pero hacen votar. No empujan la urna, pero inclinan la balanza. No meten el tarjetón, pero escriben la historia. Y cuando alguien intenta desmentirlo con una calculadora en la mano, la realidad se ríe.
Porque así funcionan nuestras paradojas políticas: hay quienes creen que con dividir 12.000 entre 120.000 se puede explicar el mundo. Que la democracia es un Excel y el clientelismo un malentendido estadístico. Que los dos edificios no pueden influir porque “solo” representan el 10 % del empleo formal. Como si el poder se redujera al número de contratos, y no a lo que significan esos contratos para quienes dependen de ellos.
Es fácil negar el mito cuando se mira desde un escritorio. Más difícil cuando se mira desde la vida real. En esa vida real —no la de las columnas asépticas— más de 30.000 personas en el departamento sobreviven gracias al empleo público ampliado: la planta, los OPS, los CPS, los contratos “mientras tanto”, las prórrogas que nunca llegan a tiempo, los pagos que dependen del humor administrativo. Una constelación humana donde cada persona arrastra tres, cinco, diez, veinte, o treinta votos más: sus hijos, sus padres, sus vecinos, su propio miedo a quedar por fuera. ¿Y quién se atreve a culparlos?
Porque la verdad es esta: los contratistas no son verdugos; son víctimas.
Víctimas de la necesidad, víctimas de la precariedad, víctimas de un sistema que los aprieta con una mano mientras les ofrece la renovación del contrato con la otra. Son madres cabeza de hogar que dependen de un contrato trimestral; jóvenes talentosos que aceptan condiciones indignas para tener una oportunidad; adultos que sostienen familias enteras con un pago atrasado. Ninguno está ahí para torcer la democracia: están ahí para sobrevivirla.
Los verdaderos artesanos de esta maquinaria no trabajan en cubículos: operan más arriba, en esos pisos donde la política se transmuta en administración y la administración en botín. Son los que aprendieron que un contrato puede ser más útil que un discurso, y que el miedo —ese viejo combustible de nuestra vida pública— rinde más que cualquier ideología. Es la politiquería camaleónica, esa que se desliza entre colores, lemas y gobiernos, pero no cambia su instinto esencial: capturar el Estado para convertirlo en un instrumento electoral.
Que nadie se engañe: el poder en el Quindío no es un fantasma; es una sombra proyectada desde dos edificios. Una sombra que cubre barrios, veredas, comunidades, redes enteras. Una sombra que muchos sienten, aunque pocos la nombren. Una sombra que no requiere fraude para influir: le basta con existir. Y, si se mira de cerca, esa sombra no está quieta: tiene hilos. Hilos finos, casi invisibles, movidos por titiriteros que conocen el arte de hacer obedecer al gobernante que firma los contratos. Porque quien llega a un cargo con el respaldo de financiadores poderosos gobierna con la espada de Damocles sobre el cuello: la obligación de pagar favores, de honrar compromisos, de no incomodar a quienes costearon la campaña. El miedo, más que la legalidad, se convierte en brújula. Y así, mientras el funcionario aparece como la mano que firma, otros —en la penumbra— son la mano que ordena.
Por eso es divertido —casi tierno— ver a quienes niegan el mito. Porque lo niegan con argumentos que brillan… cuando no se mira de cerca. Como quien afirma que “los edificios no pueden decidir porque la planta es muy pequeña”, mientras pasa por alto que la planta es solo el cascarón, y que por dentro hay un ejército entero de contratistas, proveedores, terceros, interventores, operadores y usuarios cautivos que no aparecen en ningún boletín de la caja de compensación.
No, los dos edificios no eligen solos. Pero sin ellos, nadie gana.
Esa es la parte que incomoda.
Esa es la parte que los números “oficiales” intentan maquillar.
Y no porque todos dentro de esas instituciones sean parte de una conspiración, sino porque el sistema está diseñado para que la necesidad humana —legítima, dolorosa, cotidiana— se convierta en capital político. Y cuando la pobreza se administra desde un escritorio y la esperanza se firma en un contrato, el mito deja de ser mito para transformarse en un mecanismo.
Que nadie se engañe: el poder en el Quindío no es un ente abstracto; es una estructura concreta que opera desde dos edificios cuya sombra electoral se extiende mucho más lejos de lo que algunos quieren admitir. Una sombra que moldea relaciones, condiciona lealtades, orienta temores y ordena silencios.
Mientras esa estructura permanezca intacta, mientras la contratación sea el oxígeno de un sistema político envejecido y la necesidad continúe siendo la principal moneda de intercambio, el mito seguirá vivo. Porque no es un mito: es el manual operativo del poder en la región.
Y en el Quindío, los edificios no votan, pero hacen votar. Y eso —nos guste o no— define elecciones, destinos y silencios.
Espere cifras contundentes en próximo artículo.
(*) Magister en Ciencias Políticas
- Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
- Investigador en historia política y comportamiento electoral.
E-mail: [email protected]
