Colombia vuelve a liderar un ranking mundial. Pero esta vez no se trata del café, de la biodiversidad ni de la alegría proverbial de su gente. Esta vez el país aparece en el podio por razones profundamente preocupantes: después de haber ocupado el segundo lugar en el Índice Global de Crimen Organizado 2023, solo superados por Myanmar, en el Índice del 2025, recién publicado, consolidamos nuestra radiografía. Un deshonroso subcampeonato que debería estremecernos como sociedad.
Este índice —poco conocido para el ciudadano del común, pero muy influyente en los círculos de seguridad y desarrollo internacional— es elaborado cada dos años por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), una red con sede en Ginebra que reúne expertos, analistas y académicos de todo el mundo. El estudio evalúa a los 193 países miembros de la ONU y combina datos cuantitativos, informes oficiales, estudios académicos y análisis de más de 350 especialistas. No es una encuesta de percepción; es una radiografía profesional del crimen organizado en el planeta.
La metodología es robusta y se sostiene sobre tres pilares: Mercados criminales (narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, tráfico de armas, delitos ambientales, cibercrimen, contrabando y falsificación, entre otros), Actores criminales (desde grupos armados y redes mafiosas, hasta bandas urbanas y actores incrustados en el Estado) y Resiliencia del país (la capacidad del Estado y la sociedad para prevenir, contener y desmantelar las economías ilegales.). Para la versión 2025 se afinó y robusteció la metodología.
Los resultados se expresan en una escala de 1 a 10. En criminalidad, Colombia obtuvo 7,75 en 2023, empeorando a 7,82 en 2025. Esto nos ubica —sin matices— entre los países donde el crimen organizado ejerce mayor control y penetración, solamente superados nuevamente por Myanmar.
Colombia no es el país más violento del mundo, pero sí uno de los territorios donde el crimen organizado ha logrado construir ecosistemas de operación, articulando narcotráfico, minería ilegal, extorsión, economías urbanas ilícitas, ciberdelincuencia y una creciente infiltración política y administrativa.
Ya no hablamos solo de grandes carteles. Hablamos de redes flexibles, alianzas transnacionales, bandas multicrimen y estructuras que, como el Clan del Golfo, las disidencias o el ELN, combinan control territorial con sofisticados esquemas financieros.
El informe también es claro en algo que duele admitir: no hay crimen organizado de esta escala sin algún grado de complicidad, captura o cooptación institucional. Parte de nuestro problema no está solo en las armas o en la coca; está en los vacíos del Estado, en la corrupción local y en la fragilidad del sistema de justicia.
Mientras la criminalidad sube, la resiliencia crece muy poco. El país arrastra problemas estructurales:
instituciones fragmentadas y politizadas, fuerzas de seguridad saturadas o debilitadas, justicia lenta y permeable, corrupción en niveles intolerables y una sociedad civil que, aunque valiente, sigue pagando un precio muy alto en vidas.
A esto se suma un factor decisivo: la falta de continuidad en las políticas de seguridad y paz. Cada gobierno desmonta lo que hizo el anterior, como si el crimen organizado funcionara por temporadas políticas y no como una empresa que opera las 24 horas.
Reconocer este subcampeonato mundial no significa “hablar mal del país”, como algunos insisten. Significa asumir la verdad para poder transformarla. Alemania, Japón, Corea del Sur o Colombia misma en otras épocas demostraron que enfrentar la realidad con datos y visión de largo plazo es el primer paso para la recuperación.
El índice nos envía un mensaje claro: no saldremos de este problema solo capturando delincuentes; necesitamos reconstruir capacidad estatal, ética pública, meritocracia, justicia eficiente y oportunidades económicas reales.
La criminalidad no se combate únicamente desde la Fuerza Pública; se combate desde la educación, la transparencia, el desarrollo rural, la innovación, la participación ciudadana y la integridad política.
El mundo nos ve como un país profundamente afectado por el crimen organizado. Y si el mundo lo está viendo, nosotros también debemos verlo. El Índice Global de Crimen Organizado no es una sentencia; es una advertencia.
Colombia tiene cómo enderezar el rumbo. Pero ese camino exige liderazgo, continuidad, instituciones sólidas, valentía ética y un compromiso nacional que trascienda la polarización.
Mientras eso no ocurra, seguiremos en el podio equivocado: el del deshonroso subcampeonato mundial que ninguna nación aspira a portar, pero que hoy carga Colombia sobre sus espaldas.
