La creciente ola de inseguridad que atraviesa el país dejó hace tiempo de ser un fenómeno aislado o una estadística fría en los informes oficiales. Lo que hoy enfrentamos es un deterioro acelerado del orden público que golpea no solo a los ciudadanos de a pie, sino también y de manera alarmante a quienes ejercen funciones de representación y gobierno. Senadores, gobernadores y alcaldes están siendo víctimas directas de atentados, emboscadas, ataques con explosivos y persecuciones ejecutadas por grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC.
El país aún no se repone del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, uno de los hechos más graves en la historia política reciente. Sin embargo y más allá de comunicados escuetos, pronunciamientos de ocasión y recompensas millonarias anunciadas por un Ministro de Defensa que parece actuar siempre a posteriori, no existe una estrategia seria, articulada y contundente para enfrentar esta amenaza creciente. Los operativos integrales y la capacidad de anticipación son nulos, y los llamados consejos de seguridad se han convertido en rituales burocráticos sin impacto real.
Si quienes ocupan cargos públicos y que por su investidura deberían contar con las mayores garantías del Estado están hoy expuestos y vulnerables, ¿Qué le queda entonces al ciudadano común? Empresarios, comerciantes, transportadores, industriales y ciudadanos en general, vivimos cada día con la incertidumbre de ser víctimas de extorsiones, robos o ataques en plena vía pública.
Casos recientes como el atentado al gobernador de Arauca Renson Martínez Prada, El hecho presentado contra el senador Temístocles Ortega, en el departamento del Cauca, (tierra a merced de los criminales) y el reciente caso ocurrido en inmediaciones de la Sabana de Bogotá, en el sector de Mondoñedo, donde delincuentes en motocicleta incluso utilizando una ambulancia como fachada cometieron robos a plena luz del día, sin presencia institucional que los disuadiera, es una muestra contundente de que estos hechos, reflejan un Estado incapaz de garantizar lo más básico en las carretas nacionales; la vida y la integridad de sus habitantes.
La situación podría agravarse aún más con el inminente escenario electoral. Los grupos criminales estarán al acecho, buscando silenciar o intimidar a quienes impulsen propuestas orientadas al fortalecimiento de la seguridad, la institucionalidad y la presencia efectiva del Estado. Es evidente que tales iniciativas resultan incómodas tanto para las organizaciones ilegales como para sectores del actual gobierno, que hoy parece más enfocado en sortear tensiones diplomáticas y enfrentar la reacción internacional debido a las constantes posturas “controversiales” del presidente, que en asumir con rigor su responsabilidad territorial en materia de orden público.
A ello se suma la reciente y desconcertante decisión del Gobierno nacional de restringir la cooperación en inteligencia estratégica con Estados Unidos. Una medida que, más que una acción soberana, ha sido percibida como un gesto de arrogancia política y una apuesta riesgosa que debilita capacidades fundamentales en la lucha contra el crimen organizado.
Hoy, más que nunca, el país necesita liderazgo firme, claridad en la dirección y decisiones contundentes, se requiere un compromiso real con la seguridad, fortalecimiento de la inteligencia, coordinación efectiva entre instituciones, intervención prioritaria en zonas críticas y una política de Estado que enfrente, sin ambigüedades, a las estructuras criminales que han logrado expandirse con preocupante facilidad. La inacción que estamos presenciando no solo es irresponsable; es profundamente peligrosa.
*Máster en Gestión de Riesgos. Especialista en Seguridad.
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