En Colombia, pertenecer a la clase media se ha convertido en un acto de resistencia. La paradoja nacional es evidente: somos un país de ingresos bajos, pero con precios de país rico. Desde el costo de un automóvil hasta la mensualidad de un colegio, todo parece diseñado para asfixiar al ciudadano trabajador que cumple, que paga impuestos, que sostiene el sistema… pero que cada día siente que vive peor.
Comprar un vehículo en Colombia cuesta, en promedio, un 40% más que en Estados Unidos o Europa, debido a los altos aranceles, impuestos y márgenes comerciales. Un automóvil familiar de gama media, que en España puede costar 18.000 euros, aquí se vende por más de 35.000. A eso se suman la gasolina —una de las más caras de América Latina— y los peajes, que convierten un simple viaje intermunicipal en un lujo. Por ejemplo, recorrer de Bogotá a Medellín cuesta hoy en peajes casi lo mismo que un vuelo nacional.
La educación pública debería ser el gran igualador social, pero en Colombia la calidad se privatizó. Los colegios oficiales, salvo contadas excepciones, carecen de infraestructura, bilingüismo, formación docente continua y programas extracurriculares sólidos. Por eso, una familia de clase media se ve forzada a matricular a sus hijos en colegios privados donde las pensiones oscilan entre 1,5 y 4 millones mensuales, equivalentes a los costos de instituciones similares en Europa, pero con salarios diez veces menores.
Mientras tanto, los subsidios del Estado benefician principalmente a los más pobres, dejando a la clase media sin auxilios, sin becas y sin alivios tributarios.
La promesa del sistema de salud universal se ha quedado en los papeles. Quien busca una atención oportuna y digna debe recurrir a una medicina prepagada privada, con cuotas mensuales que van de 400 mil a más de 1 millón de pesos por persona. En contraste, en países desarrollados el acceso a servicios de salud de alta calidad está cubierto por los impuestos o por seguros públicos eficientes.
Paradójicamente, el colombiano paga doble: con sus aportes obligatorios y con su bolsillo, porque no confía en la red pública que él mismo financia.
La canasta familiar, los servicios públicos, la vivienda y los alimentos han alcanzado niveles incompatibles con los ingresos medios. Una pareja de profesionales con dos hijos —que en Europa llevaría una vida cómoda— aquí apenas sobrevive entre créditos, cuotas y sacrificios. No hay ahorro posible, no hay margen para imprevistos, y mucho menos para el ocio o la cultura.
El resultado es una clase media en retroceso, cada vez más cerca de la pobreza, con la frustración de trabajar más y vivir peor.
El drama no está solo en los precios, sino en la estructura de país que hemos construido: baja productividad, impuestos desproporcionados, oligopolios en servicios esenciales y un Estado ineficiente que no devuelve en bienes públicos lo que recauda. En Colombia, la carga del desarrollo la lleva quien no tiene poder político ni subsidios: el ciudadano del medio, el que sostiene el sistema sin recibir sus beneficios.
Colombia necesita una gran reforma de coherencia económica y social. Un país donde la educación pública sea realmente de calidad, la salud un derecho efectivo y no un negocio, y el costo de la vida esté alineado con la capacidad real de sus ciudadanos. Un país en donde la población se vaya consolidando como una clase media con dignidad y con bienestar real. Un país en donde la movilidad social vaya en la dirección de superar la pobreza y engrosar la clase media trabajadora, no lo contrario.
Mientras tanto, seguiremos siendo lo que somos hoy: un país pobre que cobra como rico, donde la clase media trabaja sin descanso para sostener un modelo que la exprime… y la ignora.
