El 13 de noviembre de 1985, una semana después del ataque terrorista del M-19 y la masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas en el Palacio de Justicia, la naturaleza, provocó la avalancha que arrasó con Armero Tolima, que tenía una población de cerca de 30.000 habitantes, de los cuales 25.000 perdieron la vida y cientos más, alguna de sus extremidades.
Fue una tragedia anunciada, a la que no se le prestó atención. El alcalde Ramón Rodríguez había advertido al gobernador del departamento Eduardo Álzate, que el rio Lagunilla que nace en el nevado del Ruiz se había represado por un derrumbe, y que el volcán Arenas estaba expulsando gas, vapor y ceniza, lo que indicaba aumento de la temperatura y posibilidad de una erupción que causaría el deshielo, rompería la represa del rio y se vendría una avalancha que acabaría con el municipio. Por lo que solicitaba la evacuación de la población. Pero, el gobernador no le restó importancia al asunto.
También, le informó al congresista Guillermo Alfonso Jaramillo que promovió en octubre un debate en el congreso, con la presencia de los ministros, donde fueron alertados sobre el inminente peligro en que estaba el municipio. Pero las autoridades nacionales tampoco hicieron nada por prevenir y mitigar la tragedia. Fueron indolentes e irresponsables. No gestionaron el riesgo, desestimaron las alarmas y negaron la ayuda solicitada por el alcalde, que consideraron exageradas y alarmismo.
El volcán Arenas hizo erupción a la 9 de la noche y 2 horas y 45 minutos después la avalancha que arrastro árboles, cultivos, animales, roca y lodo, llegó a Armero y sepultó todo lo que encontró a su paso. Muchos quedaron vivos atrapados Enel lodo hasta el pecho o los hombros; como la niña Omayra Sánchez de 23 años que permaneció atrapada casi 3 días, sin que se hiciera algo para rescatarla, hasta que murió. Lo que demostró la ineptitud e incapacidad del gobierno. Fue considerada el símbolo de la tragedia y la impotencia. Otros como el médico del Hospital Ariel Alarcón, logró ser rescatado del lodo, pero perdió una pierna.
Es la peor catástrofe natural en la historia de Colombia y el desastre mas devastador ocurrido en un solo día. Hubo improvisación desorganización y descoordinación para atender la tragedia. Ni el gobernador, ni el ministro de minas Iván Duque Escobar, ni el presidente Belisario Betancur asumieron la responsabilidad, por su inacción e indiferencia ante las alarmas y advertencias del peligro.
Armero era un próspero municipio con una economía floreciente. Llamado la ciudad blanca por sus extensos cultivos de algodón y arroz. La reconstrucción del mismo en otro lugar fue lenta, incompleta e ineficaz. Los sobrevivientes recibieron muy pocas ayudas. La mayoría de las promesas de reubicación fueron incumplidas.
Cuarenta años después, el Estado tiene la obligación tardía de realizar una reparación histórica. Devolver la titularidad de la tierra a los descendientes de las víctimas. Porque hoy sigue en manos ajenas y dedicadas a la agricultura o ganadería. Además, debe regresar a sus familias a 583 niños desaparecidos, según la Fundación Armando Armero, que quedaron en manos del ICBF y sin cumplir los requisitos fueron entregados en adopción a familias en Colombia o en el exterior.
Tanto en esta tragedia como en la presentada en el Palacio de Justicia, el gobierno del timorato y falto de carácter y reacción Belisario Betancur, es responsable de los hechos, por la improvidencia, insensibilidad e irresponsabilidad. Le faltó humanismo y empatía para hacer todo lo posible para salvar miles de vidas humanas.
En ambos casos hubo un desprecio total por la vida y los derechos humanos. Faltó dialogo, comprensión y gestión para asumir tan enormes retos. Pero también falta la verdad, reconocer la responsabilidad y pedir perdón. El M-19, Las Fuerzas Armadas y el Estado tienen la obligación de hacerlo, así sea 40 años después.
