Mañana se cumplen 40 años de la violenta y cruenta toma y retoma del Palacio de Justicia, que dejó un centenar de muertos, entre ellos 13 magistrados, todos los guerrilleros, empleados, abogados, estudiantes y 12 desaparecidos.
La toma realizada por un grupo de 35 guerrilleros del movimiento subversivo M-19, fue posible gracias a que fue suprimido el fuerte esquema de seguridad y a pesar que desde el 18 de octubre los medios de comunicación habían debelado el plan para la toma del palacio. El objetivo era hacer un juicio al presidente por el incumplimiento a los acuerdos de paz.
La retoma de las Fuerzas Armadas entre 1.500 y 2.000 efectivos fue preparada como la trampa del ratón. Debilitar la protección para permitir el ingreso de la guerrilla y proceder a eliminarlos, sin importar la vida de los rehenes. Esto como venganza por las humillaciones y deshonra causadas con la sustracción de mas de 5.000 armas del Cantón Norte del Ejercito en 1979 y la toma de la Embajada de la República Dominicana, con 14 embajadores entre ellos el de Estados Unidos, en 1980.
El libro “El Palacio sin mascara” de German Castro Caicedo, presenta reportajes a testigos y documentos obtenidos en Juzgados penales, Tribunal Especial de Instrucción Criminal, Consejo de Estado, Tribunales Administrativos, Fiscalía y Procuraduría general de la nación y la Comisión de la Verdad; donde se demuestra que la respuesta fue inmediata, inhumana, desproporcionada, causando un exterminio total, con asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y violación del derecho internacional humanitario. Y establece que hubo un pacto para ocultar y negar parte de la verdad de lo ocurrido. El gobierno violando la libertad de prensa, interrumpió la transmisión de los hechos y ordenó a los medios de comunicación pasar un partido de futbol para distraer los colombianos.
La Comisión de la Verdad concluyó que no hubo un plan para liberar a los rehenes, sino el propósito de arrasar con el Palacio y sus ocupantes. Por eso, desoyeron las suplicas persistentes del presidente de la CSJ Alfonso Reyes Echandía de cese al fuego. Utilizaron tanques de guerra, cañones, explosivos de alto poder para derribar muros y rockets, uno de ellos incendiario que provocó el incendio en la biblioteca. El Consejero de Estado Samuel Buitrago afirmó que vio a varios guerrilleros con mangueras del edificio, tratando de controlar el fuego. También, logró establecer que el guerrillero Andrés Almarales asesinó al magistrado Manuel Gaona Cruz, cuando este intentaba escapar del sitio donde estaba retenido.
El odio y la paranoia contra el M-19, llevó a la Fuerzas Armadas a considerar que todos los que estaban dentro del palacio, eran colaboradores o simpatizantes de los guerrilleros. Según el soldado José Rodríguez, la orden era disparar a todo lo que se moviera. Los únicos que lograron salvar su vida fueron algunas mujeres y los heridos que la guerrilla permitió salir. Porque todos eran trasladados a la Casa del Florero o a la Escuela de caballería, donde eran sometidos a torturas y después asesinados.
Los registros fílmicos de la televisión permitieron ver que salieron vivos del Palacio, el magistrado Carlos Horacio Uran, Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería, la guerrillera Irma Franco, quienes después de torturados fueron asesinados. Ruth Zuluaga de Correa secretaria del magistrado Carlos Medellín, fue sacada con graves quemaduras, llevada al Hospital Simón Bolívar, de allí retirada por el sargento Juan Rodríguez, conducida a la Escuela de caballería, donde falleció en medio de las torturas; según testimonio del agente de inteligencia Rafael Gámez Mazuera. Y Ana Rosa Castiblanco en avanzado estado de embarazo. Tuvo el parto en manos de los militares, la asesinaron y desaparecieron su hijo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, condenó al Ministerio de Defensa, al Ejercito y a la Policía Nacional, a pagar una millonaria indemnización a los familiares de la víctima.
La Fiscalía general de la nación determinó que el magistrado Carlos Horacio Uran fue objeto de desaparición forzada y homicidio agravado. Igualmente, que los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco, presentaban en sus cabezas balas oficiales. El resto de personas terminaron calcinadas por el fuego.
Bernardo Ramírez ministro y embajador en el gobierno de Belisario Betancur, afirmó que los mandos militares le dieron al presidente un golpe de Estado. Los hechos demuestran que hubo ruptura del Estado de derecho. Que se obstruyeron las investigaciones judiciales. Que les quitaron a los periodistas el material fímico y los audios. Amenazaron y presionaron a familiares de las víctimas y a jueces fiscales por investigar los hechos.
Cuando salió a relucir parte de la verdad, recurrieron al negacionismo o a la falsedad; como lo hizo el Ministro de Defensa Miguel Vega al decir que el presidente de la CSJ, había solicitado el retiro de la protección. También, es falso que los capos del narcotráfico pagaron al M-19 por la toma del palacio para quemar los expediente en su contra, porque ninguno de ellos tenía investigaciones. En cambio, si había sido llamado a indagatoria el general Miguel Vega Uribe, por torturas a la médica Olga López de Roldán y su hija en la Cantón Norte. Por estos hechos fue condenada la nación.
Este indigno general del ejército, dijo que se sentía orgulloso del operativo en el Palacio y felicitó a los militares que participaron. Murió y todos sus delitos quedaron en la impunidad. Los generales Rafael Samudio Molina comandante del ejercito y el general Víctor Delgado Mallarino director de la policía en el momento de la toma, también disfrutaron de impunidad por los crímenes de Estado allí cometidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de noviembre de 2014, condenó al Estado por la actuación ilegal y criminal de sus agentes en la retoma, que calificó de homicidio.
Por estos execrables hechos fueron condenados los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Alfonso Plazas Vega y los coroneles Iván Ramírez Quintero y Edilberto Sánchez Rubiano, un capitán y 3 sargentos.
Fue una enorme pérdida. En vez de utilizar la inteligencia como lo hicieron en la toma de la Embajada de la Republica Dominicana, hicieron uso irracional de la fuerza bruta, de la barbarie. La justicia y sus integrantes tenían en esa época una alta credibilidad y respetabilidad, la antípoda de lo que ocurre hoy con una justicia totalmente desprestigiada por la corrupción, liderada por el Cartel de la Toga.
El holocausto del Palacio de Justicia, el exterminio del movimiento político Unión Patriótica (candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes, diputados y concejales). Las ejecuciones extrajudiciales de 6.402 personas inocentes presentadas como guerrilleros muertos en combate y los cientos de jóvenes asesinados, torturados, mutilados y desaparecidos por protestar en el gobierno represivo de Iván Duque, son gravísimas violaciones de los derechos humanos, actuaciones criminales que demuestran que no son casos aislados, ni manzanas podridas, por el contrario denotan un modus operandi, violatorio de la constitución y la leyes; que mancillan el honor militar y destruyen el derecho a ser llamados “héroes” de la patria.
