Colombia se encuentra nuevamente en las puertas de un proceso electoral que definirá el rumbo del país para los próximos años. Como es habitual, los discursos políticos comienzan a llenar los escenarios públicos con promesas y señalamientos, en un intento de captar la atención del electorado. Sin embargo, más allá de la retórica y la confrontación entre viejas estructuras políticas, lo que verdaderamente debe importar en esta contienda son las propuestas reales, concretas y materializables de los nuevos aspirantes al poder.
El país atraviesa un momento crítico: instituciones debilitadas, una economía presionada, y una sociedad que ha perdido confianza en sus dirigentes. En este contexto, emergen candidatos “outsiders”, figuras nuevas que, aunque deberán buscar apoyo de sectores tradicionales, llegan con la expectativa de ofrecer una visión renovada. Pero esa novedad debe traducirse en programas estructurados, sostenibles y, sobre todo, aterrizados a la realidad nacional. Ya no basta con discursos inspiradores; el país exige planes claros, presupuestos definidos y equipos de gobierno preparados desde el primer día.
Y si hay un tema que no admite improvisaciones, ese es el de la seguridad y defensa nacional. Durante décadas, la seguridad ha sido utilizada como herramienta de campaña, pero una vez alcanzado el poder, suele relegarse a un segundo plano. La pérdida del control territorial, el fortalecimiento del crimen organizado y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad son síntomas de una enfermedad estructural que el próximo gobierno deberá tratar con urgencia y determinación.
Montarse en el “potro” de la seguridad no es tarea sencilla. Implica recuperar la autoridad legítima del Estado en todas las regiones del país, fortalecer la inteligencia y la coordinación interinstitucional, y garantizar que las Fuerzas Militares y de Policía actúen bajo un mando profesional, libre de intereses políticos. No se trata de militarizar el país, sino de dignificar y modernizar sus instituciones, devolviéndoles la credibilidad y la eficacia que hoy parecen erosionadas.
La inestabilidad en los altos mandos, reflejada en la salida repentina e injustificada de generales y en su posterior reintegro, evidencia un preocupante desorden en la conducción institucional y en la valoración del papel estratégico que desempeñan. Estas decisiones erráticas son una clara muestra de la creciente politización de las fuerzas de seguridad, fenómeno que erosiona su credibilidad y debilita la confianza ciudadana.
Peor aún, la práctica reciente de reintegrar generales, sino también ahora a coroneles y otros mandos medios, amenaza la estabilidad jerárquica y pone en riesgo la capacidad de dirección y cohesión interna de la fuerza pública. La seguridad nacional no puede estar sujeta al vaivén ideológico del gobierno de turno. Es imperativo construir una política de Estado firme y sostenida, con continuidad doctrinal, respeto por la formación castrense y apertura hacia la modernización tecnológica, la prevención social del delito y la cooperación internacional.
Sin seguridad, ningún programa de gobierno puede prosperar adecuadamente, y recuperarla no es solo proteger al ciudadano, sino garantizar el desarrollo integral del país. Por ello, desde ya, los candidatos deben mostrar con transparencia quiénes conformarán sus equipos de gobierno y cuál será su visión integral frente a este desafío.
El próximo presidente deberá asumir este compromiso con responsabilidad y visión de Estado, porque sin seguridad, no hay nación que avance, ni democracia que perdure.
*Máster en Gestión de Riesgos, especialista en Seguridad.
