Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exgobernadora de Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.
La exmandataria es señalada de tramitar una ordenanza ante la Asamblea Departamental, que le permitió transferir bienes y celebrar un contrato de cesión gratuita de un predio público de 19.527 metros cuadrados con la Asociación Abrazar, presidida por el exgobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. En ese sentido, se materializó la entrega del terreno a la entidad privada con las escrituras públicas 2686 del 12 de diciembre y 2853 del 29 de diciembre, ambas de 2007. Dichos documentos fueron registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos el 4 de enero de 2008.
El bien cedido, ubicado en la variante Calarcá en terrenos del llamado estadio Guillermo Jaramillo, fue destinado para poner en funcionamiento la sede de la asociación beneficiada e incluyó el estadio de fútbol Guillermo Jaramillo Palacio, desconociendo la ordenanza departamental que no autorizó la transferencia del escenario deportivo. Sin embargo, en el curso de la investigación se conoció que el particular, en este caso Abrazar, a través de su presidente Roberto Jairo Jaramillo, sacó provecho del recinto y asumió su administración. Por orden judicial, el estadio fue restituido a Calarcá el 28 de abril de 2022.
Producto de estas actuaciones quedaron en evidencia otras posibles anomalías como la autorización que se dio para ceder a una entidad privada un predio de uso público, que realmente pertenecía al municipio y no al departamento, aspecto que generó un detrimento patrimonial superior a $12.100 millones de pesos; así como la ausencia de estudios de conveniencia para la donación del inmueble e inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, situación que presuntamente indujo en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio.
