El departamento del Valle sigue influyendo en el Quindío. Esta vez, la historia no pasa por la salud, la política o los contratos de infraestructura: ahora se trata de sembrar árboles. Bajo el discurso ambiental y la bandera de la reforestación, se esconde un nuevo capítulo de injerencia foránea que demuestra quién tiene realmente el poder detrás de ciertas decisiones locales. Lo que debería ser una apuesta por la protección de nuestro territorio terminó convertido en una jugada contractual en la que el Quindío pone los recursos y el Valle recoge los frutos.
Aquí la historia.
La Alcaldía de Pijao (Quindío), fue particularmente hábil al elaborar los estudios previos que sirvieron como soporte legal para destinar recursos públicos a la siembra de 4.400 árboles. Quien los lea difícilmente encontrará una grieta argumentativa: el documento está diseñado para blindar la decisión, no para justificarla de cara a la ciudadanía.
El primer y gran soporte utilizado por la Alcaldía es una sentencia del 15 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en la cual se advierte que el municipio “se encuentra en una zona de potencial inundación o desastre”, señalando entre las causas naturales los procesos erosivos asociados a las cárcavas conocidas como “Las Camelias” y “Las Pizarras”. A partir de esa orden judicial, el municipio sostiene que la siembra de árboles —de no más de 50 centímetros de altura— será el escudo que salvará al pueblo del anunciando desastre. Una conclusión más emocional que técnica.
¿Quién se va a oponer a sembrar árboles? Resulta casi una trampa moral: cualquiera que cuestione el contrato inmediatamente queda expuesto al señalamiento de ser enemigo del medio ambiente, de la vida y del planeta. Esa retórica ambientalista actúa como blindaje y cortina de humo.
Sin embargo, detrás de la estructura argumentativa del estudio precontractual no se evidencia la necesidad real de reforestar, sino la intención de habilitar a un beneficiario específico. Desde el documento, la Alcaldía dejó listo el terreno para que la ejecución recayera en una sola entidad: la Corporación Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y del Medio Ambiente (Corpocuencas), organización que describen como una entidad pública de carácter mixto y “el potencial cooperante” ideal. Todo acomodado. Todo previsto. Todo cerrado.
El estudio previo fue redactado de tal forma que, en la práctica, ninguna otra entidad podría ejecutar el proyecto. Ni siquiera la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) fue considerada con capacidad técnica suficiente. El mensaje fue directo: en el Quindío no existe quien pueda sembrar 4.400 árboles; solo los del Valle, sin licitación, sin competencia y sin discusión.
Y como si el direccionamiento no bastara, la distribución de cargas dentro del convenio terminó siendo abiertamente desigual. Mientras la Alcaldía de Pijao se obligó a aportar 228.103.101 pesos, Corpocuencas apenas “contribuyó” con 31.300.000 pesos, y ni siquiera en dinero, sino en supuestos “recursos logísticos, técnicos y administrativos”. Esa redacción es la fórmula perfecta para no poner un peso, evitar auditorías profundas y justificar el aporte con papelería, memorandos, listados y fotografías. Es decir, aportar casi nada y ganar casi todo.
No se trata de un proyecto ambiental con rigor técnico orientado a mitigar el riesgo por erosión. Se trata del uso del discurso ambiental para justificar una triangulación de recursos que fortalece a un actor externo al departamento, mientras el municipio asume la carga económica, política y operativa. El Valle del Cauca sigue extendiendo sus tentáculos en el Quindío, y una vez más nuestras instituciones actúan como sucursales obedientes.
Adenda: al cierre de este artículo, el secretario de Planeación de Pijao no respondió las preguntas enviadas sobre el convenio. Seguiré utilizando los mecanismos a mi alcance para obtener la información y continuar con la investigación.
