Cualquiera que sea la percepción del lector, no hay duda que las cinco obras mencionadas en la ley 1803 de 2016, son un total desperdicio. La evidencia de que no se ha hecho nada por hacerlas cumplir, es más que suficiente para cuestionar la responsabilidad política de los gobernantes de este departamento.
Con independencia de su importancia y validez hoy en día, una u otra de esas obras en suspenso había adquirido una prioridad que señalaba la necesidad de ejecutarlas en bien del desarrollo de la región. La dejadez, la falta de seguimiento, la postergación de las decisiones inherentes a cumplir la ley, hacen ominoso el desempeño de quienes debían hacerlo.
Solo se salvan de ser sindicados de un delito aquellos funcionarios que llevaron las leyes al Conpes para que allí se aprobaran los recursos presupuestales necesarios a objeto de llevarlas a cabo; los que hicieron lobby en el gobierno central para garantizar su cumplimiento; o los administradores públicos locales que se movieron en varias direcciones para darle vigencia a cualquiera de las leyes que el Congreso nos había otorgado.
El argumento del gobierno de España con respecto al Tesoro Quimbaya de que «los regalos no se devuelven», casi que haría tránsito para decir que tampoco estas cinco leyes que nos «regalaron» en 2016 se deban devolver o, cuando menos, echarlas al olvido.
Por el contrario, creemos que es el momento de llamar la atención sobre la existencia de esta Ley y pedir a la actual representación política en el Congreso y a la administración departamental, que se adelanten las acciones necesarias para resucitarlas.
Nada más pero tampoco nada menos.
