La legitimidad del sistema judicial colombiano enfrenta una crisis prolongada que combina factores estructurales, históricos y culturales.
Hay causas sociopolíticas que han deteriorado la confianza ciudadana en la justicia, destacándose el impacto de la corrupción, la politización institucional y la desigualdad social; entre las anteriores causas merece interés la politización institucional, entendida como el proceso mediante el cual las instituciones públicas, que deberían actuar con independencia, neutralidad o autonomía técnica, terminan influidas o controladas por intereses políticos o partidistas, es decir, las decisiones, nombramientos o actuaciones dentro de una institución dejan de basarse en criterios profesionales, jurídicos o éticos, para responder a agendas de poder o conveniencia política.
Al aterrizar en Colombia, cuando hablamos de politización judicial nos referimos a fenómenos como:
- Nombramientos por cuotas partidistas: los altos cargos de la rama judicial o de organismos de control, como la Fiscalía o la Procuraduría, son elegidos por acuerdos políticos más que por méritos técnicos.
- Intervención indirecta del Ejecutivo o del Legislativo: los otros poderes del Estado presionan o condicionan decisiones judiciales en función de sus intereses.
- Decisiones judiciales con sesgo político: ciertos fallos o actuaciones parecen favorecer a grupos, movimientos o figuras políticas, afectando la percepción de imparcialidad.
- Uso simbólico de la justicia: algunos actores utilizan procesos judiciales como herramientas de confrontación política o de deslegitimación del adversario.
Los fenómenos arriba expresados traen consecuencias graves, como la pérdida de confianza ciudadana, la erosión de la independencia judicial, la desigualdad en la aplicación de la ley y un desgaste democrático cuando el sistema judicial se percibe como brazo de un partido o gobierno. Cualquier ciudadano del común puede plantearse interrogantes con relación al fallo del Tribunal Superior de Bogotá:
¿Ha estado el sistema de justicia bajo una fuerte tensión y politización?
¿El fallo puede alimentar la percepción de impunidad o de que las élites políticas acceden a tratamientos distintos frente a la justicia?
Siendo Álvaro Uribe una figura polarizadora, ¿qué impacto político tiene el fallo en cuanto a su participación política?
Si el sistema de apelación aún está en curso, ¿podemos hablar de un cierre definitivo del caso?
Ojalá las respuestas estén acompañadas de mesura, sin sesgos políticos, haciendo caso omiso de la polarización que nos acompaña todos estos días y con una especial preocupación por aquellos colombianos que enfrentan juicios y fallos en distintas instancias judiciales.
Para nadie es un secreto que Colombia ha sido escenario de numerosos debates sobre trato diferencial ante la justicia, especialmente respecto a líderes políticos, empresarios y militares; de allí que se diga que nuestro sistema judicial presenta asimetrías procesales, captura institucional parcial y selectividad en la acción penal; hay bastantes ejemplos, pero para no dilapidar el espacio de la columna, enuncio algunos: procesos de parapolítica (2006-2010); investigaciones sobre corrupción administrativa (casos de contratación pública 2010-2020) y como si fuera poco, procesos contra expresidentes y altos funcionarios.
Como decía mi abuela: “El palo no está para cucharas”.
