Alexander Cardona
El exalcalde Quintero anunció su renuncia a la consulta interpartidista del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre. Una decisión que desató una tormenta de implicaciones políticas y, sobre todo, jurídicas dentro del progresismo.
¿Qué hay detrás de esta renuncia y por qué es tan grave? Miremos.
1. No es una consulta cualquiera: es vinculante.
El registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, indico que para la consulta del próximo 26 de octubre, los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano, solicitaron ante la Registraduría una consulta interpartidista, ojo con esa palabra.
Una consulta «interpartidista» no busca un «precandidato», sino un candidato, en este caso presidencial único, claramente lo que debían solicitar era una consulta interna, aunque tampoco era posible pues esta se debía realizar en el entorno de un solo partido, «El Pacto Histórico», cuya fusión no fue aceptada por errores en el trámite de la asamblea que aprobó el mecanismo. Esta diferencia es fundamental. El resultado tiene efectos vinculantes y define al aspirante oficial para las elecciones de mayo. Es una consulta formal amparada por la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que regula los mecanismos de participación de los partidos y los compromisos que de ellos se derivan.
2. Aceptación de las reglas del juego.
Los mismos partidos político, inscribieron a los candidatos Quintero, Corcho y Cepeda y aprobaron el diseño del tarjetón, pues les fue enviado para observaciones el tarjetón definitivo antes de la impresión por parte de la registraduría y esta no tuvo observaciones.
Al hacerlo, asumieron expresamente la reglamentación del proceso. Es decir, todos los actos desplegados por los partidos solicitantes, de inscripción, revisión y aceptación del tarjetón, con la posterior campaña en pro de la consulta, no permite equivocarse sobre la naturaleza de la misma y su aceptación, tanto por parte de los partidos solicitantes y candidatos por igual.
3. Prohibición de doble militancia y trampas internas.
Los partidos están obligados por ley a acatar los resultados de la consulta. Así lo establece de nuevo la Ley 1475, que busca evitar la doble militancia y las trampas dentro de los procesos internos. La norma es clara: quien participa en una consulta «interpartidista» queda comprometido con su resultado. No puede, dentro del mismo proceso electoral, inscribirse por otra colectividad o desconocer el mecanismo al que voluntariamente se sometió.
4. El costo millonario del incumplimiento.
Hay un cuarto elemento que hoy cobra una enorme relevancia: los tres precandidatos y los partidos progresistas deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiese incurrido la organización electoral en caso de incumplir el resultado o de que el candidato renuncie, esta disposición se desprende nuevamente de la Ley 1475 y las resoluciones del CNE sobre financiación de consultas, el costo total del proceso se calcula cerca de los $200.000 millones de pesos, esto significa que si cada candidato incumple o se retira, deberá devolver alrededor de $66.000 millones de pesos.
5. La inhabilidad que asoma.
Además de lo económico, la misma ley señala que quienes hubiesen participado como precandidatos quedarían inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier otra elección o en otros movimientos o coaliciones distintas.
En otras palabras, si Quintero participa en la consulta del 26 de octubre y luego pretende ser candidato por fuera de ese resultado, podría quedar inhabilitado para presentarse a la Presidencia o al Congreso en 2026.
Ahora los efectos sobre la situación de estrategia política, pues la comisión de este error en la solicitud de consulta, implica que los candidatos de la izquierda y centro izquierda, pudieran llegar divididos al llamado frente amplio, limitando las posibilidades de la centro izquierda y solo dejando la opción de que alguno, ya sea candidato de izquierda o centro, renuncie en favor del otro, lo que dejaría un problema de legitimidad ante las bases.
En las últimas horas el Concejo Nacional Electoral (CNE) anunció que no ha recibido de forma oficial la renuncia por parte de Quintero a la consulta, con lo que aumenta el desconcierto, pues si hubo tanto despliegue mediático para la renuncia ¿Por qué no radicarla?
Y por otro lado, la Procuraduría General de la Nación (PGN), citó al Registrador y al Concejo Nacional Electoral (CNE), a una reunión que se realizará lunes 20 de octubre y contará con la participación del Pacto Histórico y la Misión de Observación Electoral (MOE).
Más allá de la fractura en la estrategia política escalonada, que hoy está ocurriendo, no solo crea incertidumbre en las bases del progresismo, sino que lo pone al borde de un grave incumplimiento legal y un monumental lío de platas, aunque no todo es malo, la organización política y sus problemas han resonado de forma constante en los últimos días, lo que alinea a la militancia, ahora solo queda que suceda lo más difícil para la izquierda, y es que sus dirigentes puedan llegar a acuerdos dejando de lado sus egos, o que haya un acuerdo institucional a instancias de la Procuraduría, veremos si así lo logran.
