Tras una conversación con amigos donde se planteaba que en el Quindío se percibía una guerra entre mafias del microtráfico y quizás una limpieza social reflejada en el aumento de muertes violentas en los últimos meses, decidí hacer una revisión de hemeroteca. No para confirmar prejuicios ni repetir imaginarios colectivos, sino para observar los hechos con calma, contrastar fuentes y darme la oportunidad de forjar una opinión más allá de lo que simplemente creo.
Lo primero que encontré fue una dificultad estructural para consolidar datos estadísticos verídicos y trazables. Al revisar boletines oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, el resultado fue un listado de 22 casos verificables y editorialmente dignos, pero que no representan el universo total de muertes violentas en el Quindío durante el año 2025. Esta cifra refleja las limitaciones en la divulgación oficial: muchos homicidios son identificados internamente pero no se hacen públicos por razones de reserva judicial, seguridad procesal o falta de judicialización. Otros permanecen en estado de anonimato forense sin que se actualice su condición en boletines posteriores.
En contraste, los medios de comunicación regionales han reportado un total de 100 muertes violentas en el Quindío durante el mismo periodo. De estas, 72 corresponden a personas identificadas públicamente, con nombre, edad y contexto del hecho, y 28 a víctimas no identificadas, registradas como “NN” o “persona sin identificar”. Esta cifra refleja una cobertura más amplia que la ofrecida por las fuentes oficiales, pero también más ambigua en términos de verificación judicial. Muchos de estos casos fueron publicados antes de la confirmación forense, y algunos contienen atribuciones no verificables, como antecedentes penales en víctimas sin identidad confirmada.
Lo segundo que noté, al tratar con algo de calma las cifras disponibles, es que no hay evidencia de una “limpieza social” sistemática ni de una guerra abierta entre mafias por control territorial. Es más, la mayoría de las muertes violentas están desvinculadas de estructuras criminales organizadas de alto perfil. Lo que aparece, más bien, es una mutación silenciosa en las formas de violencia, donde el homicidio deja de ser un acto excepcional y se convierte en una herramienta funcional para resolver conflictos, alcanzar metas o expresar frustraciones en contextos de intolerancia, carencia y violencia.
Esto se hace aún más evidente cuando se observan las muertes violentas autoinfligidas, permitiendo reconocer que la violencia estructural también puede volverse contra el propio cuerpo. En el lenguaje forense, el suicidio se clasifica como una muerte violenta porque implica una causa externa —aunque autoinfligida— que interrumpe abruptamente el curso vital. Y esto permite comprender que no solo cuando alguien acaba violentamente con la vida de otro ser humano estamos ante un evento en el que se entiende que la muerte puede ser asumida como resolución cuando el entorno deja de ofrecer sentido, mediación o refugio.
Quizás el crecimiento urbano desordenado, la migración interna, los asentamientos informales, los jóvenes sin acceso a empleo digno, la educación instrumentalizada, el debilitamiento de redes familiares y la destrucción de la confianza en las instituciones estén gestando una crisis territorial más profunda. Una en la que el homicidio —y hasta el suicidio— ya no responden únicamente a lógicas criminales o de salud mental, sino a fracturas estructurales que atraviesan el tejido social: desesperanza, desarraigo, instrumentalización del otro.
La muerte como resolución no es una metáfora. Es el síntoma de una sociedad que ha dejado de ofrecer alternativas. Es más que una guerra entre mafias, una limpieza social o un problema de salud mental. Es una erosión del pacto simbólico. Y eso exige una lectura más digna, más crítica, más humana.
