En el año 2016, la Nación, reconociendo la historia, el aporte y la identidad del Quindío, promulgó la Ley 1803, un gesto de generosidad y reconocimiento con motivo de los 50 años de creación del Departamento. Aquella ley fue mucho más que una simple conmemoración: fue una oportunidad concreta para transformar el territorio a través de cinco proyectos estratégicos con “nombre y apellido”, diseñados para impulsar el desarrollo regional, fortalecer la infraestructura, y sembrar futuro.
Sin embargo, casi una década después, la pregunta es inevitable: ¿qué quedó de aquel regalo?
La Ley 1803 de 2016 definió expresamente cinco proyectos de alto impacto para el Quindío, entre ellos obras culturales, educativas, ambientales y de conectividad, que de haberse ejecutado habrían marcado una nueva etapa de desarrollo departamental. Pero el balance es desalentador: ninguno de los cinco ha sido culminado, y algunos ni siquiera iniciaron su etapa de ejecución.
En un país donde el olvido administrativo es casi una práctica institucional, este caso resulta particularmente doloroso. Se trata de una ley de la República —no de una promesa de campaña—, cuyo cumplimiento no era opcional sino obligación del Estado, articulada con los niveles nacional, departamental y municipal.
Durante estos casi diez años, han pasado varios gobiernos departamentales y nacionales. Todos, sin excepción, tuvieron la posibilidad de honrar aquel mandato legal. Pero el liderazgo fue tibio, difuso, fragmentado entre prioridades de corto plazo y la falta de gestión técnica ante los ministerios responsables.
¿Quién debió haber impulsado los trámites, los estudios, las asignaciones presupuestales, las aprobaciones en los planes de desarrollo? El Gobernador de turno, como primer responsable político y administrativo del Departamento, debía haber sido el principal guardián de esa herencia.
Hoy, el Quindío enfrenta una paradoja: tiene una ley viva, pero sin alma institucional que la defienda.
Lo que ha sucedido con la Ley 1803 es un retrato fiel de nuestras deficiencias colectivas: la debilidad de la gestión pública, la desconexión entre los planes de desarrollo y las leyes especiales, la falta de continuidad entre administraciones, y el escaso seguimiento ciudadano.
El Quindío ha tenido en sus manos un “cheque en blanco” legal, un instrumento jurídico que otros departamentos envidiarían, y lo ha dejado dormir el sueño de los justos.
Para rescatar el espíritu de la Ley 1803 es necesario reconstruir la trazabilidad de sus proyectos, determinar los responsables administrativos de su omisión y, sobre todo, retomar el liderazgo político y ciudadano. Se requiere una mesa técnica de alto nivel entre el Departamento, el Congreso y los ministerios involucrados, para verificar qué puede ejecutarse con vigencia presupuestal o mediante mecanismos de cofinanciación territorial.
Más aún: es indispensable que la sociedad quindiana —sus gremios, universidades, alcaldías y medios— exijan públicamente la reactivación del cumplimiento de esta ley, y que los nuevos líderes políticos la incorporen como bandera de gestión y dignidad regional.
La Ley 1803 fue un regalo de cumpleaños con visión de futuro. Pero como sucede con los obsequios más valiosos, su valor depende de quien lo recibe.
El Quindío la recibió con aplausos y discursos, pero no con gestión ni compromiso.
Aún estamos a tiempo de reparar esa ingratitud histórica: de rescatar, con voluntad y trabajo, lo que fue pensado como un impulso estructural para este pequeño gran territorio.
Porque los regalos que no se abren, terminan convirtiéndose en símbolos del olvido.
