En las últimas semanas, el país ha sido testigo de un fenómeno inquietante: las denominadas “manifestaciones pacíficas” se han transformado nuevamente en escenarios de violencia premeditada, lideradas por grupos de encapuchados que actúan bajo consignas retóricas manipuladas y cargadas de odio. Lo que antes fue un derecho legítimo a la protesta, hoy se ha convertido en un mecanismo de presión y confrontación con fines políticos, estratégicos y desestabilizadores.
Cada vez resulta más evidente que detrás de muchas de estas movilizaciones existen lineamientos claros de organización, entrenamiento y propósito. No se trata de expresiones espontáneas de inconformismo social, sino de acciones coordinadas que buscan medir la capacidad de respuesta de las autoridades, la reacción ciudadana y el papel de los distintos sectores políticos. En otras palabras, parecen ensayos para condicionar el ambiente social y de seguridad de cara a las próximas elecciones, una especie de fase práctica después de la teórica, en la que se pone a prueba cómo volver a incendiar al país.
El caso de las manifestaciones pro-palestinas en Colombia es un ejemplo revelador. Lejos de representar solidaridad con una causa internacional, se convierten en instrumentos para promover agendas ideológicas que poco o nada tienen que ver con la realidad nacional.
Lo más alarmante es el respaldo tácito y en ocasiones explícito que parecen recibir estos comportamientos desde el propio gobierno nacional. Resulta llamativo que cada vez que se impulsa un tema de retórica populista desde el poder central nacional, surjan de inmediato manifestaciones violentas alrededor de ese mismo discurso. Mientras se insiste en “no criminalizar la protesta”, se deja solos a gobernadores y alcaldes frente al caos, tratando incluso de limitar sus facultades constitucionales para el restablecimiento del orden público.
A la policía nacional y a las fuerzas militares según sus competencias, se le imparten instrucciones restrictivas, se le reduce su margen de acción y se le envía un mensaje desmoralizador como el de prácticamente no cumplir plenamente su deber constitucional de proteger a los ciudadanos y de actuar con contundencia frente a los responsables de desmanes, disturbios y actos criminales. En ese vacío de autoridad, los violentos se sienten empoderados y el ciudadano honesto, cada vez más desprotegido.
El problema no es la protesta como un derecho constitucional, sino su manipulación política e ideológica. Detrás de las capuchas se esconden grupos que no buscan el diálogo ni la construcción, sino la confrontación y la destrucción. Su objetivo no es transformar la sociedad, sino desestabilizarla; no es exigir justicia, sino imponer miedo para ganar protagonismo en la confusión colectiva.
Colombia no puede continuar en un estado de adormecimiento frente a esta realidad. El silencio, la indiferencia y la resignación solo fortalecen a quienes pretenden someter la institucionalidad. Es momento de despertar y reconocer que se está gestando una peligrosa erosión del orden democrático. La sociedad civil, el sector empresarial, las universidades, los medios y las comunidades deben unirse en torno a un propósito común: la defensa del Estado de derecho y el respeto por la institucionalidad.
No podemos permitir que el país continúe al borde del abismo. Es momento de reafirmar el valor del diálogo, exigir decisiones firmes frente al vandalismo y la manipulación ideológica, y resolver las diferencias con argumentos, no con consignas de odio violentas ni capuchas. Si Colombia no actúa ahora, la historia podría repetirse con consecuencias más graves. La verdadera transformación nace del compromiso colectivo con la seguridad, la convivencia y el respeto. Debemos defender la patria.
*Máster en Gestión de Riesgos, especialista en Seguridad.
