En toda organización, sea pública, privada o comunitaria, el modo en que nombramos a quienes ocupan cargos dice mucho más de lo que parece. A través de ese lenguaje cotidiano construimos jerarquías, afectos, responsabilidades e imaginarios. Uno de los errores frecuentes es confundir el cargo con la persona, como si el rol fuera propiedad de quien lo desempeña, y no una función institucional que exige competencias, ética y vocación de servicio.
Lo notamos en frases simples que usamos todos los días: “hablemos con Juan para resolver eso”, en vez de “consultémoslo con el gerente”. Al poner primero el nombre propio, comenzamos a personalizar el cargo, desplazando la función a un segundo plano. Esto crea vínculos emocionales con los roles, lo cual puede enriquecer el clima interno, pero también debilitar la estructura organizativa cuando la identidad del cargo queda subordinada a la figura que lo ocupa.
Por eso, el lenguaje en las instituciones no debe ser sólo funcional, sino estratégico. Nombrar desde la función, y no desde la figura, preserva el equilibrio simbólico y operativo del sistema. En este contexto, aparece otro concepto clave: memoria corporativa.
La memoria corporativa, es decir, el conocimiento que tiene una organización sobre sí misma, no vive en documentos, vive en las personas. Hay trabajadores que guardan claves, relaciones y aprendizajes que no están escritos en ningún manual. Son como el aceite en un motor: no se nota siempre, pero sin ellos todo se traba. Como bien lo señalaba Maurice Halbwachs: “La mayor parte del tiempo, cuando recuerdo, son los demás quienes me impulsan; su memoria viene en auxilio de la mía y la mía depende de la suya.” Así ocurre también en el espacio institucional: la memoria es interdependencia, y sin ella, el sistema pierde cohesión.
Y sí, hay momentos donde esa memoria se vuelve vital. Como herramientas que no usamos todos los días, pero que cuando se necesitan… ¡Ah, falta que hacen! Como una bomba para desatascar el baño: nadie piensa en ella hasta que el agua se desborda. Así funcionan las personas que conocen el “idioma” interno de una institución.
Pero ¿Por qué es importante pensar en esto ahora? Porque en Colombia, el presidente ha logrado que su nombre suene más que el cargo que representa. Muchos ya no dicen “Presidencia de Colombia”, sino simplemente “Petro”. Eso muestra cómo el lenguaje transforma el poder. Michel Foucault lo formuló de forma precisa: “El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha; aquel poder del que uno quiere adueñarse.” El modo en que nombramos no solo refleja el poder, lo produce, lo disputa, lo transforma.
Cuando el nombre sustituye al cargo, corremos el riesgo de convertir el liderazgo en espectáculo, y el Estado en marca personal, algo que en Colombia se ha vuelto costumbre: la creación de reyezuelos simbólicos, figuras que concentran el discurso público y desplazan el proyecto colectivo, como si el país necesitara devoción más que dirección.
Pero el cargo no es una persona. Es una función, que, en caso de ser pública, debe servir a todos. Por eso, si queremos instituciones sanas, debemos cuidar cómo hablamos. Usar el nombre correcto, dar valor a la función, y recuperar el sentido institucional.
Porque nombrar bien no es sólo una estrategia, es una forma de liberar el discurso del peso de las figuras, y devolverle a la sociedad el derecho de interpretar el poder como una función al servicio de todos. No al contrario: que todo el pueblo termine subordinado al poder ejecutivo.
En tiempos de saturación mediática y liderazgo convertido en espectáculo, recuperar el lenguaje justo es también recuperar la libertad institucional: esa que separa el cargo de la persona, la crítica del ataque, el símbolo del ídolo.
No repitamos el juego del personalismo simbólico, volvamos a hablar de la Presidencia, del mandatario en funciones, del jefe del ejecutivo. Al despersonalizar el lenguaje, contribuimos a restaurar la dignidad institucional y a fortalecer la memoria democrática, porque el nombre propio es circunstancial, pero la función permanece, y es allí donde radica la esperanza de que el Estado se sostenga como estructura ética, no como espectáculo mediático.
