Émerson Castaño

En abril del presente año 2025, el Concejo Municipal de la ciudad de Popayán (departamento del Cauca) denunció graves irregularidades relacionadas con la prestación del servicio de aseo por parte de la multinacional Urbaser. En el recinto del Concejo se expuso lo siguiente: “El análisis comparado entre las bases de datos del municipio y la empresa URBASER reveló que más de 11.747 predios están siendo cobrados sin referencia catastral válida, y miles más presentan estratificaciones dobles o triples, lo que genera una distorsión en la asignación de subsidios.
En la zona rural, 11.505 predios no tienen estrato asignado ni por la Alcaldía ni por la empresa. En la zona urbana, hay 203 predios con triple estratificación y 2.629 con doble estratificación. Estas cifras, alarmantes por sí solas, comprometen la legalidad y transparencia en el cobro del servicio.
Durante la sesión, se alertó que en 2023 URBASER solicitó el pago de $10.000 millones en subsidios, sin claridad en los soportes. Para 2024, la cifra crece a $12.000 millones, lo cual comprometería recursos esenciales para inversión en infraestructura, programas sociales y funcionamiento administrativo”.
La poderosa Urbaser, hasta el día de hoy, no ha dado respuesta a las denuncias. Evita cualquier fuga de información que pueda perjudicarla y busca ejercer control político en los territorios donde opera. Pero el problema no se limita a Popayán: en el departamento del Quindío, de manera silenciosa, la empresa también ha ido ocupando espacios de interés, allanando el camino para imponer sus condiciones.
El conflicto por las basuras en el Quindío, especialmente en el municipio de Montenegro, ha llegado al punto en que por fin hemos visto los colmillos de Urbaser defendiendo lo que ellos consideran de su propiedad. Aseguran que el relleno sanitario Andalucía les pertenece y que solo ellos están autorizados para permitir el ingreso de vehículos al lugar.
Días atrás, Urbaser se atrevió a restringir el ingreso de los vehículos compactadores de Empresas Públicas de Armenia y NEPSA del Quindío. Esta coacción y abuso de su posición dominante puso en riesgo la salubridad pública y generó un inminente peligro de contaminación ambiental por acumulación de basuras. La misma Procuraduría Regional del Quindío lo describió en un documento oficial: “…encuentra la Procuraduría General de la Nación que, en el relleno sanitario “Andalucía” localizado en el municipio de Montenegro, departamento del Quindío, el cual actualmente opera URBASER COLOMBIA S.A E.S.P., y que sirve de sitio de disposición final de residuos solidos para los 12 municipios del departamento del Quindío, en días pasados se presentó presuntamente una restricción injustificada de recepción de los mismos frente a la empresa NEPSA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. la cual presta servicio publica…”. Más adelanta, el ente de control disciplinario agrega: “…dicha presunta situación, a juicio del ministerio público, y luego de contrastados todos los instrumentos jurídicos contenidos en el sistema jurídico que se han traído a este escrito, evidencian que se puede presentar potencialmente un escenario de posible afectación y compromiso al Ambiente sano, la salubridad pública y la prestación efectiva de un servicio público…”.

La Procuraduría habló de una “presunta” restricción, cuando en realidad fue un hecho consumado. La mala fe de Urbaser se materializó en impedir el ingreso de vehículos al relleno sanitario, afectando a miles de ciudadanos. Sin embargo, la respuesta del ente de control fue lánguida y complaciente: apenas recomendó que la empresa “se abstenga de realizar restricciones injustificadas”. Por poco le pide disculpas a la multinacional por incomodarla.
Mientras tanto, Urbaser sigue imponiendo su poder sin consecuencias. Y la Procuraduría —que debería proteger el interés público— parece más preocupada por no incomodar a las empresas que por sancionar los abusos. En lugar de actuar con firmeza, prefiere emitir comunicados tibios que le sirven más al victimario que a la ciudadanía. Así, no solo se permite el daño, se legaliza.