Hallazgos fiscales por más de $81.593 millones identificó la Contraloría General de la República en el manejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, luego de una auditoría financiera que revela deficiencias críticas en la administración de pensiones, cesantías y el nuevo modelo de salud del magisterio nacional.
Auditoría
De acuerdo con comunicado de la Contraloría General de la República durante el primer semestre de 2025, se realizó una auditoría financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que reveló 21 hallazgos, de los cuales 7 presentan incidencia fiscal por $81.593 millones, 20 connotación disciplinaria, 3 posible incidencia penal y 1 incidencia ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La evaluación se centró en tres componentes: pensiones, cesantías y servicios de nuevo modelo de salud del magisterio, incluyendo el nuevo modelo implementado en 2024.
$23.800 millones sin recuperar
Destaca entre los hallazgos la ineficiente gestión de cobro de cartera, lo que representa una pérdida fiscal de $23.800 millones. “Registro contable de mesadas a personas fallecidas, deficiente provisión de procesos judiciales y ausencia de registro de facturas de salud pendientes de auditoría con reserva presupuestal.
El informe hace alusión a la tardanza en el pago de cesantías, cuya responsabilidad recae tanto en Fiduprevisora como en las entidades territoriales, situación que generó sanciones moratorias por $4.220 millones, pagadas con recursos del Tesoro Nacional (TES), según lo establece la Ley 1071 de 2006.
Moratorias
Igualmente indica que se detectó el pago a sanciones moratorias por $48.100 millones con recursos del Fomag, contraviniendo el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que establece la destinación específica de los fondos. Este hallazgo fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación, al configurarse una presunta indebida destinación de recursos, con connotación penal y fiscal.
Incumplimiento
La auditoría también reveló el incumplimiento de plazos para el pago de fallos judiciales, con 46 sentencias ejecutoriadas pagadas después de más de diez meses, lo que generó intereses por $3.210 millones. Esta conducta afecta el patrimonio público y configura un nuevo hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria.
Salud
En cuanto al nuevo sistema de salud, la Contraloría General de la República reportó omisión en la constitución de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) para contratos y facturas por casi $75 mil millones, ausencia de acta de inicio en 52 contratos por cerca de $648 mil millones, y la existencia de 13 contratos de prestación de servicios por $525 mil millones que comenzaron sin el CRP respectivo.
La contraloría indicó que entre 2023 y 2025 se han presentado un total de 61 hallazgos, “23 de estos con connotación fiscal por más de $548 mil millones, 54 tienen presunta connotación disciplinaria, 4 presuntas incidencias penales y 5 con otra incidencia, fueron traslados al Ministerio de Salud, Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, manifiesta en el comunicado de prensa.
La Contraloría General de la República continuará ejerciendo control fiscal sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, asegura en el documento.
