Por: José Gustavo Hernández Castaño
Hubo un tiempo en el que creer en un partido político era una forma de creer en el país. Ser liberal o conservador no era solo una etiqueta, era una identidad, una causa, una comunidad. Se marchaba con banderas, se debatía con argumentos, se votaba con esperanza. Pero algo se quebró. Y ese quiebre no es un accidente reciente: es el resultado de décadas de distorsión, de captura, de traición a los principios mismos que les dieron vida a los partidos.
Se nos enseñó que eran el alma de la democracia. Que sin partidos no hay representación, ni control, ni participación organizada. Que eran el canal legítimo entre la ciudadanía y el Estado. En teoría, los partidos son eso: puentes. Pero en la práctica —sobre todo en Colombia— esos puentes se han convertido en muros. Muros de clientelismo, de corrupción, de pactos cerrados entre élites. Muros que aíslan a la ciudadanía y que blindan a quienes se reparten el poder como si el Estado fuera un botín.
Hoy, los partidos ya no emocionan. No movilizan sueños colectivos ni despiertan convicciones. Se han vaciado de ideología y se han llenado de intereses. No representan proyectos de país, sino acuerdos para repartirse el Estado. Son estructuras que se activan cada cuatro años como maquinarias electorales, diseñadas no para deliberar ni representar, sino para operar: operar avales, operar listas, operar contratos. Y mientras tanto, la ciudadanía asiste a este espectáculo con un creciente escepticismo, cuando no con un silencio cargado de hartazgo.
El caso colombiano es paradigmático. Pasamos de un bipartidismo cerrado y excluyente a un multipartidismo caótico, fragmentado y desideologizado. La Constitución de 1991 abrió la puerta al pluralismo político. Fue un avance. Pero esa puerta, sin controles ni cultura de partido, terminó por dar paso a una proliferación de movimientos sin alma, sin programa, sin base. En 2002, más de 70 partidos se registraron para elecciones legislativas. La reforma de 2003 buscó poner orden. Se implementaron umbrales, se racionalizó la representación, se habló de institucionalización. Pero el sistema —como el agua— siempre encontró por dónde filtrarse.
Hoy tenemos más de veinte partidos con personería jurídica. Pero lo importante no es la cantidad, sino su función. ¿Cuántos de ellos tienen democracia interna real? ¿Cuántos deliberan con sus bases, construyen programas ideológicos y rinden cuentas? Muy pocos. Lo que sí abundan son los partidos de bolsillo, los partidos de alquiler, los partidos franquicia, los partidos de caudillo. Los avales se transan como bienes comerciales. Las listas se arman en reservados, no en asambleas. Los pactos se firman en silencio, lejos del escrutinio ciudadano.
Y en este escenario, la ciudadanía reacciona como puede. A veces con abstención, otras con voto en blanco, otras con rabia. Porque lo que más duele no es la corrupción aislada, sino la sensación de que todo está diseñado para proteger a los mismos de siempre. La política deja de ser un espacio de construcción colectiva para volverse un ritual vacío donde las decisiones ya están tomadas y el ciudadano apenas las legitima con su firma, o con su voto.
Este desencanto, sin embargo, no debe paralizarnos. Al contrario: debe ser el punto de partida para una transformación profunda. Porque destruir los partidos no es la solución. Lo que urge es reconstruirlos desde su sentido más noble. Recuperar su papel como espacios de debate, de formación política, de mediación entre los intereses sociales y las decisiones públicas. Convertirlos en herramientas de la ciudadanía y no en instrumentos de apropiación del poder.
Claro que hay excepciones. Hay liderazgos nuevos, decentes, comprometidos. Hay movimientos que han nacido desde la indignación, desde los territorios, desde la experiencia comunitaria. Pero siguen siendo frágiles frente a las maquinarias tradicionales. Por eso el cambio no puede depender solo de los liderazgos: necesita ciudadanía activa, movilizada, exigente. Necesita que dejemos de tolerar lo intolerable. Que dejemos de votar por los mismos con el mismo resultado. Que exijamos reformas reales, participación auténtica, transparencia absoluta.
La historia no está escrita. Podemos volver a creer en la política, pero solo si la recuperamos de quienes la han usado para servirse del Estado. Los partidos no son el enemigo, pero han sido cómplices. Es hora de exigirles lo que prometieron ser: instrumentos del bien común, no del negocio privado.
Porque al final, la democracia no muere de un golpe, sino de muchas concesiones. Y cada vez que votamos sin convicción, cada vez que guardamos silencio, cada vez que normalizamos el cinismo, ponemos un ladrillo más en ese muro que nos separa del país que merecemos. Y cada vez que nos atrevemos a exigir, a organizarnos, a votar diferente, a pensar distinto, abrimos una rendija de esperanza.
El país necesita partidos. Pero necesita partidos dignos, democráticos, con alma. Y eso, amigo lector, también,depende de tí.
