En un reciente encuentro liderado por el Ministerio de Defensa, se presentaron las líneas estratégicas que marcarán el rumbo actual de la seguridad nacional en Colombia. Sin embargo, más allá de los discursos técnicos y las promesas de modernización, surge una pregunta inevitable: ¿realmente estas propuestas responden a la magnitud de la crisis que enfrentamos, o son apenas una fórmula retórica que evita tocar los problemas de fondo?
Uno de los anuncios más destacados fue la intención de estructurar un “sistema de gobierno corporativo” en el sector defensa. Un concepto que suena atractivo, pero que genera escepticismo si se considera cuántas veces se han prometido reformas estructurales sin que ello se traduzca en resultados concretos. La seguridad no mejora solo con diagnósticos o declaraciones, sino con un pie de fuerza suficiente, recursos adecuados y, sobre todo, con presencia estatal efectiva, inteligencia estratégica y respaldo real a quienes, desde la institucionalidad, nos protegen en las zonas de frontera, áreas urbanas y rurales del país.
También se habló del despliegue de tecnologías, en especial la adquisición de drones con control centralizado y la capacitación de unidades en sistemas antidrones. Una apuesta que suena moderna, pero que sin un marco operativo claro corre el riesgo de volverse ineficaz. La tecnología no sustituye el control territorial, ni compensa la ausencia del Estado en regiones tomadas por estructuras criminales con poder económico, militar y social.
INDUMIL, por su parte, anunció la fabricación de blindados livianos como parte del fortalecimiento operativo. No obstante, mientras nuestras fuerzas sigan enfrentando emboscadas con “escudos de papel” y bajo normativas que restringen su capacidad de reacción, cualquier avance será limitado. El enemigo ha evolucionado, y la respuesta del Estado parece rezagada.
Una de las afirmaciones más reveladoras fue la descripción de lo que hoy se encuentra en los campamentos ilegales: botellas de licor, elementos de fiesta y ausencia total de ideología. Ya no se trata de guerrillas con discursos políticos, sino de empresas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la violencia organizada, financiadas con el dolor del pueblo. El enemigo es ahora estructuralmente criminal, territorial y profundamente corruptor.
Frente a este panorama, el Ministerio propone tres verbos guía: prevenir, disuadir y contener. Pero la prevención requiere inversión social, inteligencia anticipativa y voluntad política. Disuadir exige certeza del castigo, un sistema judicial que actúe con contundencia y sin privilegios. Y contener implica respaldo jurídico, político y logístico a las fuerzas que enfrentan al crimen, algo que muchas veces se niega.
El propio ministro lo reconoció: “nada sacamos con tener capacidades si no sabemos cómo utilizarlas”. Una verdad incómoda que refleja la falta de contundencia en el control territorial y la desconexión entre el discurso y la acción. Tenemos herramientas, pero sin coherencia ni decisión. Mientras tanto, el crimen organizado avanza sin freno.
La seguridad no puede seguir siendo una narrativa de buenas intenciones. Requiere liderazgo real, compromiso político y visión de Estado. Y seamos claros: bajo la lógica actual, donde parece protegerse más al criminal que al ciudadano, ese cambio no está en el horizonte.
Máster en Gestión de Riesgos. Especialista en Seguridad.
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