La Entidad confirmó que la sanción fue ajustada por la confesión que hizo la funcionaria y la devolución de más de $56 millones.
En decisión de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por seis años y ocho meses a Ana Patricia Díaz Latorre, profesional universitaria asignada a la Gobernación del Quindío, por apropiarse de recursos públicos mediante la autoliquidación de pagos superiores a los que legalmente le correspondían.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Quindío estableció que entre julio de 2021 y septiembre de 2023, Díaz Latorre recibió 52 pagos irregulares que representaron un mayor valor liquidado por más de $50 millones, en contravía de lo estipulado en la normatividad vigente.
Además, se comprobó que la funcionaria alteró información en el sistema oficial de gestión administrativa y de nómina, lo que le permitió ingresar valores adicionales sin justificación legal, los cuales eran depositados directamente en su cuenta bancaria.
El Ente de control calificó la conducta como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, al considerar que la disciplinada vulneró de manera directa el principio de moralidad que rige la función pública. La sanción fue impuesta teniendo en cuenta la aceptación de cargos por parte de la funcionaria y la devolución voluntaria de más de $56 millones.
