La clase dirigente de este país se opone a las grandes reformas sociales, políticas y económicas, porque significan el desmonte del régimen de componendas y complicidades que denunció Álvaro Gómez Hurtado. Régimen que acabó con el equilibrio de poderes, con la justicia y con los controles fiscales, disciplinarios y electorales, que convirtieron a Colombia en uno de los países más violentos, desiguales y corruptos del mundo. El falso argumento para defender el sistema de privilegios, es que estas nos llevarán al comunismo, que acabarán con la democracia, las instituciones, la libertad y el sistema de pesos y contrapesos.
Afirman defender la democracia, la constitución y las leyes, pero se limpian el trasero con ellas. No puede haber democracia en un Estado donde todos no somos iguales ante la ley, ni tenemos los mismos derechos y oportunidades. No tienen principios, ni valores. Tienen intereses personales. Como Groucho Marx, pueden decir “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”. A Petro no le dejaron hacer el cambio. Para lograr la reforma tributaria, la pensional y la laboral, tuvo que incurrir en prácticas, corruptas, clientelistas y nepotistas, que prometió combatir. Incluso incurrió en cohecho al entregar dinero para lograr la aprobación de la reforma a la salud, pero le hicieron conejo.
El Congreso de la República que es el mayor foco de corrupción, legisla en contra del pueblo y a favor de los congresistas y de los empresarios que les financian las campañas políticas. La empresa privada entró a formar parte de ese festín al aportar miles de millones de pesos para hacer elegir gobernantes y congresistas que defiendan sus intereses. Incluso llegaron a sobornar los gobiernos para que les entreguen las grandes concesiones a cambio de cuantiosos sobornos, como lo reconoció el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Se oponen a las reformas de la salud, la educación y la pensiones, porque las convirtieron en un rentable negocio. A la reforma agraria porque quieren seguir manteniendo la concentración de la tierra, la más grande del planeta.
La clase política se opone a las reformas del Congreso, la justicia, la política, la electoral y la de los organismos de control, para poder seguir saqueando el patrimonio público, violando los topes electorales y seguir comprando votos, sin consecuencias penales. También a desmontar la Comisión de Absoluciones de la Cámara y el régimen de aforados, para seguir disfrutando de impunidad.
Cientos de miles de jóvenes no tienen oportunidades de educación, ni empleo, y para poder subsistir se tienen que dedicar al microtráfico, la prostitución o el sicariato. Ante la situación de abandono, desplazamiento, desamparo y desesperanza en que sobrevive gran parte de los colombianos, es un acto de mezquindad, ruindad y egoísmo oponerse a los inaplazables cambios sociales.
Llevamos 215 años de malos y pésimos gobiernos que nos mantienen en el atraso y el subdesarrollo, donde millones de adultos mayores están abandonados porque no tuvieron acceso a una pensión para sobrevivir. En fin, como lo dijo Álvaro Salom Becerra en su libro “Al pueblo nunca le toca”:
Solo con mayorías en el congreso que representen los intereses legítimos del pueblo será posible realizar el anhelado cambio que nos conduzca a la paz, la justicia social y la equidad. Y se podrá desmontar el narcoestado, el régimen corrupto que mantiene en la pobreza y la miseria a más de 15 millones de colombianos.
Una ciudadanía digna y con carácter tendría que haber reaccionado y eliminado la corruptocracia, a través del voto libre y a conciencia. Sin embargo, la mitad de los electores son abstencionistas porque perdieron la credibilidad y la confianza en la “democracia” y en el sistema electoral. Y la mayoría restante por ignorancia, ingenuidad o masoquismo venden su voto eligiendo y reeligiendo a los corruptos e ineptos.
