Los esfuerzos de las veedurías ciudadanas, al igual que los del periodismo de control, por denunciar hechos de corrupción, se desvanecen cuando los casos llegan a manos de funcionarios que parecen estar aliados con el hampa dentro de los entes de control. En la Fiscalía de la Nación, como en la Procuraduría y la Contraloría, abundan funcionarios expertos en transformar los procesos judiciales en fuentes de enriquecimiento personal: cobran para archivarlos. En el mejor de los casos, hacen desaparecer los expedientes.
Ahora bien, el problema no radica únicamente en que, fuera de los órganos de control del Estado, deambulen actores que buscan desesperadamente aliados para saquear las arcas públicas. El problema más profundo y devastador es que dentro de esas mismas instituciones habitan quienes les facilitan el trabajo. Son los funcionarios corruptos quienes convierten las entidades de control en sistemas diseñados para validar actos que atentan contra la moralidad pública. Los órganos de control también tienen la capacidad de “lavar” lo incorrecto y presentarlo como algo “ajustado a la norma”.
Cuando un servidor público tiene poder sobre un proceso —y no existe vigilancia sobre su actuar—, puede iniciar su carrera delincuencial. Comienza con la dilación para ganar tiempo. Luego, implementa maniobras como redactar mal los documentos, cometer “errores” administrativos, o fragmentar la información para entorpecer y desgastar a quien sigue de cerca el caso.
Caso concreto
En 2023, la Universidad del Quindío expidió un memorando para abrir el camino a un proceso de compra de equipos de “monitoreo meteorológico”. Este proceso fue denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por múltiples irregularidades. En el documento que reposa en las tres entidades, se afirma: “las irregularidades son las establecidas en los antecedentes, donde es claro conforme a los registros identificados, que finalmente se contrató con una entidad no acreditada para cumplir de manera ficticia las exigencias y condiciones de la contratación objeto del contrato”, entre otras irregularidades graves.
La denuncia, como muchas otras, quedó congelada. Mientras tanto, los administradores de la Universidad del Quindío siguen haciendo y deshaciendo con los recursos públicos, incluidos los aportes de los estudiantes.
Dos años después, la Contraloría General de la Nación asumió el caso, al parecer con entusiasmo simulado, como si estuviera comprometida en encontrar hallazgos que evidenciaran detrimento patrimonial. La contralora Fairuz Ospino Valdiris —delegada para el Pacífico y el Eje Cafetero— redactó lo siguiente como respuesta oficial:
“La peticionaria manifiesta que con ocasión del convenio interadministrativo 014 de 2020 entre la Universidad del Quindío con coordinación del señor Faber Danilo Giraldo Velásquez y el Departamento del Quindío informa una serie de irregularidades o inconsistencias con el fin de que sean aclaradas dentro del proceso contractual y precaver afectaciones al recurso público. Frente a lo anterior, solicita garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de la tienda escolar, por lo cual solicita se realice auditoria detallada. Frente a lo cual afirma que se debe investigar a fondo el proceso de asignación y a la cuota diaria que cobra a la encargada de la cooperativa presuntamente de estos y a la cuota diaria que cobra a la encargada de la cooperativa presuntamente 40.000 pesos diarios, de los cuales dice él que se pagan a dos señores del aseo a los baños y aseo al colegio que son realizado también con estudiantes de los sábados que realizan aseo a los baños y al colegio en general.” (La negrilla es mía).
Este párrafo es lapidario y revela el nivel de descomposición institucional. La contralora delegada se refiere a la “transparencia en el manejo de los recursos de la tienda escolar”, un asunto completamente distinto al de la compra de equipos meteorológicos. ¿Qué tiene que ver una tienda escolar con un contrato técnico universitario? Nada. Absolutamente nada.
Lo mínimo que se esperaría de una funcionaria de su nivel es que lea con atención los procesos. Firmar documentos sin verificar su contenido no es solo negligencia: es complicidad funcional. No hay excusa para semejante error. La funcionaria confundió por completo los hechos denunciados, y en vez de corregir, cerró y archivó el caso como si hubiese cumplido su deber.
Y no lo hizo en silencio. Para coronar su despropósito, la señora Ospino firmó un mensaje que raya en el cinismo: “En razón a lo expuesto, se emite respuesta de fondo y se procede al cierre y archivo de las presentes denuncias, no sin antes agradecer la participación ciudadana como fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la Gestión Pública, por ello agradece su comunicación y los invita a continuar con su invaluable valor civil y responsabilidad ciudadana para con el ejercicio del Control Social, con la seguridad que estamos comprometidos en efectuar los trámites pertinentes a las solicitudes que se alleguen por parte de la ciudadanía relacionadas con la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia”.
¿Control social? ¿Valor civil? ¿Lucha contra la corrupción? Todo esto mientras ella misma firma respuestas que enturbian la verdad y celebran el archivo de lo que ni siquiera comprendió. Una burla institucional con membrete oficial.
No sé qué fue lo que se cerró y archivó: si la corrupción en la tienda escolar —que nadie denunció— o el contrato sin requisitos legales de equipos meteorológicos de la Universidad del Quindío. Lo único claro es que el sistema le sonríe a Polanía y les abre el camino, mientras quienes denunciamos recibimos respuestas recicladas, errores de fondo y el portazo final de la impunidad.
Cuando los órganos de control del Estado cometen errores tan grotescos como confundir una tienda escolar con un contrato universitario de tecnología, no estamos ante una falla administrativa: estamos ante una traición a la ciudadanía. Este no es un caso aislado ni una simple equivocación. Es el reflejo de un Estado fallido en su deber más básico: proteger lo público. Mientras funcionarios como Fairuz Ospino firman sin leer, los corruptos celebran. Porque no necesitan ocultarse: tienen de su lado a quienes deberían combatirlos.
