El pasado fin de semana, Colombia fue testigo de una escena tan grotesca como alarmante: el presidente de la República, en una supuesta “visita institucional” a la ciudad de Medellín, fue recibido por un grupo de ciudadanos traídos bajo la promesa de comida y transporte gratis, previamente adoctrinados para aplaudir cada frase del mandatario. Pero lo verdaderamente preocupante no fue la puesta en escena, sino los personajes que lo rodeaban: jefes de bandas criminales, capos del narcotráfico, condenados por delitos atroces, operadores de economías ilícitas y figuras políticas marcadas por la corrupción.
La figura presidencial, que debería ostentar la majestuosidad del cargo, envió al país el peor de los mensajes: en lugar de estar en tarima acompañado de sus comandantes militares y policiales, de gobernadores y alcaldes, dirigiendo un discurso de esperanza, progreso y autoridad moral, se mostró rodeado de los peores criminales del país. Un espectáculo que dejó claro que hoy, en Colombia, quien lidera la política de seguridad no es el Estado, sino el crimen organizado.
El mensaje es tan claro como peligroso: quien debe liderar la seguridad y defensa nacional está cediendo el escenario y quizá el poder real a los mismos que han sembrado el terror en los territorios. Los que controlan rentas criminales, extorsiones, minería ilegal, microtráfico y tráfico de armas hoy son tratados como aliados políticos y actores legítimos. La legitimidad del Estado se desvanece cuando su cabeza visible pacta, se fotografía y sonríe con los verdugos de la nación.
En una conversación reciente con miembros de la Fuerza Pública, un viejo amigo expresó con evidente frustración el trato que el actual gobierno les ha dado y la profunda desmoralización que hoy se vive en las filas castrenses. La respuesta fue tan cruda como reveladora: “¿Qué podíamos esperar, si quien hoy los comanda fue durante años el enemigo declarado del Estado, alguien que fue combatido mientras integraba estructuras ilegales y que luego fue amnistiado por el mismo gobierno?”. Esa pregunta, que en su momento pareció retórica, resuena hoy con más fuerza que nunca.
Hoy enfrentamos verdaderos ecosistemas criminales, conformados por redes articuladas que controlan vastos territorios del país. En al menos 600 municipios, grupos armados ilegales y bandas delincuenciales ejercen un poder paralelo: imponen sus propias reglas, cobran “tributos” ilegales y determinan el destino de comunidades enteras.
Se trata de organizaciones multicrimen con capacidad de expansión local y regional, que operan como franquicias del delito, replicando sofisticados modelos empresariales del crimen transnacional.
Combatir este fenómeno no será una tarea sencilla ni inmediata. Requerirá una transformación profunda en la política de seguridad, un rearme ético del Estado y una decisión firme del próximo gobierno, que deberá enfrentar esta amenaza con contundencia y sin titubeos.
Hoy más que nunca, debemos rodear y defender a nuestras instituciones, porque lo que está en juego no es un gobierno, es el alma misma de Colombia.
Ojalá y todos lo comprendiéramos así, y le apostemos a una verdadera unión en torno a la mejor propuesta política para recuperar el país.
*Máster en Gestión de Riesgos. Especialista en Seguridad.
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