El gobernador del Quindío no acató la sentencia de pacto de cumplimiento para construir o reconstruir el puente Don Nicolás, que comunica a los municipios de Armenia y Calarcá sobre el río Quindío en sectores del barrio Uribe de la capital del Quindío y la vereda Bohemia de la villa del Cacique.
El Juzgado Tercero Administrativo del Quindío declaró el desacato y ordenó el pago, por parte del gobernador, de 40 salarios mínimos mensuales vigentes, que suman más de 50 millones de pesos.
Así mismo, ordenó que en 20 días se deben presentar todas las evidencias de las gestiones realizadas por el gobernador para conseguir la financiación para un nuevo puente o reparación del actual, pues esa estructura está en peligro de derrumbamiento por antigua, pues fue realizada en el año 1929 por el ingeniero alemán Guillermo Lehder. Así mismo ordenó al gobernador presentar en esos mismos 20 días un plan concreto para el nuevo puente o la reparación total del que está vigente.
El Juzgado también ordenó a las alcaldías de Calarcá y Armenia cerrar el puente para el paso de vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones por el peligro que representa. Esta acción debe darse en los próximos 8 días. En el mismo sentido, convocó a la comunidad que utiliza el puente en las dos ciudades para que se abstenga de utilizarlo y, por el contrario, promover entre los vecinos el cierre de esta vía sobre el río Quindío.
Responde el gobernador
El gobernador Galvis aclaró que la sanción impuesta por el Juzgado Tercero Administrativo del Quindío en el marco de un incidente de desacato dentro de la acción popular relacionada con el puente “Don Nicolás”, aún no está en firme. La decisión debe ser revisada por el Tribunal Administrativo del Quindío, donde el gobierno departamental confía en que serán valorados los argumentos y pruebas presentadas que reflejan el compromiso del mandatario con el cumplimiento de lo ordenado por la justicia.
De acuerdo con lo expuesto por la administración departamental, el juzgado de primera instancia no consideró adecuadamente el material probatorio ni la jurisprudencia que sustenta la improcedencia de la sanción. Se insiste en que el departamento ha demostrado, de manera continua, su disposición para dar cumplimiento a lo fallado, implementando acciones concretas para atender la situación del puente y gestionando apoyo ante el Gobierno Nacional para una solución estructural que beneficie a la comunidad afectada.
