La hipótesis del presidente Gustavo Petro sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe es una pista que despista. Sus erráticas y apresuradas conclusiones contaminan la línea de investigación. Que especule la gente, la calle, los petristas, los uribistas, los candidatos, los precandidatos, el gordo Maduro, pero no el jefe de Estado.
La orden de matar al senador vino de la olla, confesó el sicario. Aunque parezca increíble, en Colombia hay una olla más peligrosa que esa. Para hacer la «vuelta» del senador Miguel Uribe se necesitaba un «quiñador» profesional. Para ser profesional se requiere experiencia.
Indigna que llamen niño a semejante monstruo. Las cosas por su nombre: sicario y asesino. El derecho dice que se le debe respetar su condición de menor de edad y que es víctima de la violencia porque nació en un hogar disfuncional. No todo lo legal es correcto, dicen en la calle.
La historia demuestra que es un alma perdida sin posibilidades de regenerarse. Sicario sin plata vuelve a jalar el gatillo porque son bestias que no sienten remordimiento. Vino a este mundo con el ship quemado y no tiene cambio, reparación, ni devolución. No se pide que le apliquen la pena capital, pero si debe buscarse la forma que nunca vuelva a salir de prisión.
Miren el otro ejemplo espantoso que sucedió el lunes pasado en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Un sicario menor de edad acribilló a tiros a un concejal que toda la vida se movilizó en silla de ruedas. La víctima había nacido con discapacidad en piernas y brazos. Maldito descarado.
En la calle plantean la posibilidad de extraditarlo a EEUU, ya que el arma del atentado fue comprada en Texas. Controvertida tesis, pero en derecho muchas cosas se pueden. Los abogados son magos para encontrarle siempre una excepción a la regla y la ley. Le pueden consultar al Houdini del derecho penal y constitucional, Eduardo Montealegre. Incluso, para evitar que lo asesinen. Quien le ofreció el pago por matar, ya pagó para que lo maten. Así cortan el circuito que evita llegar hasta el autor intelectual.
Joven sí, pero asesino. Menor de edad, pero peligroso. Sin cédula, pero con prontuario. Los hogares del ICBF son para menores infractores. No para menores asesinos. Disparar un arma de fuego con la intención de matar es un delito grave, dice el código penal. Con perdones no se curan las heridas ni se acaban los delincuentes.
A María Carolina Hoyos Turbay, le asesinaron a Diana, su santa madre, y ahora le dejaron gravemente herido a su hermano. ¡Qué martirologio! ¿De qué sirvió su perdón si el Estado es incompetente para proteger la vida de sus ciudadanos?
Existen suficientes acuerdos de cooperación judicial entre EEUU y Colombia para ayudar en esas tareas y encontrar a los autores intelectuales. No será fácil porque el Centro Democrático no tiene buenas relaciones con la fiscalía y esto es una investigación penal y política.
Es hora de modificar la ley para que cuando se repita un hecho similar, (volverá a suceder), el sicario reciba hasta los sesenta años de condena tipificados en el Código. No es un guion de película, es un emprendimiento de un asesino profesional que dispara por plata. A esa edad, 15 años, ya tiene la experiencia suficiente en el bajo mundo. La historia judicial de Colombia dice que el sicario nunca conoce la cadena de mando. Solo el apoyo logístico para los autores materiales. Apenas es un eslabón que se rompe desde el mismo momento en que lo contratan. Lo nuevo aquí es que puede ser el primer sicario que dispara al fiado. Esos 20 milloncitos se perdieron.
No genera credibilidad la información del presidente Gustavo Petro, cuando le echa la culpa del atentado a una tal » junta del narcotráfico». El nombre es tan rimbombate que solo falta revelar el NIT y el correo electrónico. No se entiende porque apuntó tan ligero para ese lado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que la información no la está compartimentando con nadie.
El pistolero alertó sobre la olla. También hay otras más grandes. La olla más peligrosa del país es La Casa de Nariño. De allí salieron César Manrique, Carlos «ladrón» el prófugo González, Sneyder Pinilla, Olmedo López, Sandra Ortiz, el ministro Bonilla y otros sicarios que le apuntan diariamente al erario. También desfilaron por ese polígono Name, Calle y Racero. Si esa pandilla hubiera pagado impuestos por sus coimas, no sería necesario brincarse la regla fiscal ni otra reforma tributaria.
