En un principio la iniciativa de revisar y mejorar las condiciones de trabajo en el sector público y privado del país parecía una loable propuesta. El Congreso de una manera abrupta y poco inteligente alimentó la tesis del ejecutivo de una consulta popular, cuya defensa ha sido vehemente por parte del presidente. El proyecto de ley fue revivido en el Capitolio y está a punto de convertirse en norma jurídica.
Lo que debería ser un consenso entre las ramas del poder público se ha convertido en una batalla campal que, incluso, llevó al presidente de la Corte Suprema de Justicia a pedir respeto por la independencia de los diferentes órganos estatales. Las mayores contradicciones alrededor de los derechos de los trabajadores emanan del Gobierno Nacional porque un día se dice una cosa y luego se hace otra completamente diferente. Inicialmente el presidente Petro y, su equipo, acompañaron la revocatoria y desarchivo de su obra, pero rápidamente se anunció la radicación de un nuevo mecanismo de participación ciudadana.
Los ataques del jefe de Estado a la senadora Angelica Lozano y a la comisión cuarta parlamentaria iniciaron desde antes de comenzar las deliberaciones. Allí ya se notaban indicios de una apología no altruista por el cambio, sino más bien estratégicamente dirigida para fortalecer una idea política de cara a las próximas elecciones. Los cuestionamientos de ministerios no se daban en las oficinas legislativas, sino en redes sociales y medios de comunicación. ¿Por qué tanto antagonismo respecto de su misma creación?
Sin embargo, esta no fue la única paradoja del ex senador Petro. Una vez concluida la votación de la consulta popular decidió que radicaría un nuevo texto, lo cual fue anunciado en alocución presidencial. Por ende, en este primer momento si reconoció la votación que sobre el particular realizó el Senado. Llegó al punto de convocar marchas y huelgas que finalmente dijo eran de otros sectores.
La presentación de la nueva consulta, con temas de salud a bordo, no alcanzó a ser estudiada cuando la hipótesis de un decreto convocando al pueblo a votar las preguntas salió de la Casa de Nariño. El primero en hablar del tema fue el Ministro del Interior y luego el presidente, previa asesoría con algunos de sus abogados, la adoptó como suya. La semana que termina la suprema autoridad administrativa firmó el acto administrativo con este propósito. ¿Qué pasa con la segunda consulta popular?; ¿Por qué no se debate la inclusión o retiro de artículos en el proyecto de Ley que cursa en el Congreso?
Las contradicciones del Gobierno en este tema son tan notorias como su torpeza jurídica. En primer lugar, no puede decirse que no existe una decisión del Senado que fue anunciada y certificada por su secretario, máxime si se trata de vicios de procedimiento. En segundo término, éstos deben ser resueltos en los estrados judiciales y no a través de una extralimitación de funciones de ejecutivo. En tercer lugar, no se puede concurrir planteando la inexistencia o invalidez de un acto jurídico de manera concurrente. Si éste es inconstitucional es porque existe.
El control judicial alrededor del polémico Decreto que presentó a la Nación es susceptible de polémica. Los juristas que acompañan a Petro piensan que aquel debe ser escrutado por la Corte Constitucional, mientras que muchos otros abogados consideramos que una eventual demanda debe estar a cargo del Consejo de Estado. Lo ideal sería que no hubiera proceso y todo se resolviera por la vía del consenso, pero Petro está enceguecido con su consulta y no escucha los elementales designios de la razón.
