El gobierno que prometió acabar con la corrupción, la impunidad y el clientelismo, está involucrado en el mayor escándalo de corrupción y clientelismo de los últimos 20 años; que se destapó gracias a la denuncia de Snyder Pinilla subdirector de la UNGRD y corroborada por Olmedo López director de la misma entidad y nombrado por el presidente.
Los hechos que se presentaron entre septiembre y octubre del 2023, incluye la entrega de coimas a los congresistas para aprobar las reformas sociales y los créditos internacionales solicitados por el gobierno nacional. Y según lo denunciado por Sandra Ortiz consejera presidencial para las regiones, también para la elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo y la del exsecretario jurídico de la presidencia Vladimir Fernández, como magistrado de la Corte Constitucional.
Los cónclaves para urdir este concierto para delinquir se realizaron en la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, contigua al despacho del presidente Gustavo Petro. En ellos participaron los ministros de Hacienda Ricardo Bonilla, del Interior Luis Fernando Velasco, de Salud Guillermo Jaramillo y del trabajo Gloria Inés Ramírez. Y los directores del DAPRE Carlos Ramon González, del DAFP Cesar Manrique, de la UNGRD Olmedo López, entre otros funcionarios.
El ministro Velasco fue el encargado de negociar el monto de las coimas a los congresistas, el ministro Bonilla de conseguir los recursos -aprobó la transferencia de $1.4 billones a la UNGRD- y el director de esta entidad, de suscribir los contratos en los que hubo sobrecostos y coordinar la entrega del dinero en efectivo.
La Fiscalía de bolsillo que lleva el proceso a paso de tortuga – como lleva el de Nicolás Petro hijo del presidente-,solo ha logrado la detención de López, Pinilla y Ortiz; y aunque han ofrecido han ofrecido toda la colaboración a cambio de un principio de oportunidad, la fiscalía y los jueces no los han concedido; favoreciendo los intereses de los ministros, congresistas y los directores Carlos Ramón González, Cesar Manrique que también se apropió de $3.000 millones, Gerardo Vega director de la UNT, Andrés Idárraga secretario de transparencia de la presidencia, Jaime Ramírez Cobo asesor de Laura Sarabia y María Alejandra Benavides asesora del ministro de Hacienda, quien también denunció un esquema de corrupción similar en el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), en el que estarían implicado otros 28 congresistas.
La Corte Suprema de Justicia que ha sido más diligente, ya tiene detenidos al presidente del Senado Iván Name por haber recibido $3.000 millones en efectivo, y al presidente de la Cámara Andrés Calle por haber recibido $1.000 millones. Pero también está investigando a los congresistas Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Karen Manrique, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, que recibieron multimillonarios contratos; de los cuales el congresista se queda con coimas entre el 10% y el 15% del contrato.
Falta por incluir a la senadora Martha Peralta del Pacto Histórico, que, según Olmedo López, incurrió en tráfico de influencias para favorecer convenios en la Guajira en favor de la empresa IRL S.A.S. Y al senador Carlos Trujillo que recibió contratos por $63.000 millones para obras en Uribia (Guajira), su fortín político.
Es descabellado suponer que los mas cercanos colaboradores y amigos del presidente se aliaron para perjudicarlo y conspirar contra el gobierno, incurriendo en delitos de concierto para delinquir, cohecho, peculado, prevaricato, tráfico de influencias y lavado de activos. Es más lógico pensar que tuvieron la anuencia de Gustavo Petro. Que, así como dio la orden de traspasar la línea ética en la campaña presidencial, también dio la orden de comprar congresistas. Sabe que los presidentes están blindados por la corrupta Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes.
Eso pasó con el escándalo de la compra de votos de congresistas a cambio de puestos, para aprobar la reelección ilícita de Álvaro Uribe. Solo fueron condenados los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, el secretario general de la presidencia Bernardo Moreno y la congresista Yidis Medina. Mientras Uribe disfruta de impunidad.
Creo que en el mejor de los casos lo mismo pasará en este monumento a la corrupción, serán condenados los ministros, los directores de Departamento Administrativo y los congresistas. Petro también tendrá impunidad.
Si Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, fueran independientes y autónomas, y no de bolsillo del presidente, tendrían la obligación legal de destapar la olla podrida en INVIAS; UNT; SAE y en todas las entidades del Estado. A pesar de la complicidad de estos organismos, la corrupción enterrará el proyecto de cambio.
P.S. La violencia verbal, los mensajes de odio, los insultos y los agravios de lado y lado, solo conducen a la violencia fáctica, al terrorismo. Gobernantes y dirigentes políticos tienen la obligación de desescalar la pugnacidad y ser muy cuidadosos con sus palabras para no incendiar el país. Colombia con enormes riquezas y potencialidades requiere de verdaderos líderes que logren la anhelada concertación, unidad y pacificación, que permitan crecimientos económicos anuales superiores al 5%, para salir del subdesarrollo y mejorar las condiciones de vida de toda la población.
